El asesinato de la hija del cónsul de Chile en Maracaibo ha vuelto a cuestionar la acción gubernamental en materia de seguridad. Un evidente uso desproporcionado de la fuerza en un supuesto operativo policial muestra abiertamente las grietas de la acción del Gobierno, la cual cobra muchas más vidas que aquellas que emanan de las causas estructurales (consumismo, capitalismo, individualismo y lucro) que han servido de excusa para esconder trece años de incompetencia.

Cuando ocurren este tipo de desgracias el país debería preguntarse cuántas otras suceden en condiciones similares, pero que por poco notorias, porque no están involucradas familias con algún renombre, pasan por debajo de la mesa con denominaciones como disputas entre bandas o enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, cuando en verdad de lo que se trató fue de un acto de abuso policial, o un simple acto delictivo perpetrado por los cuerpos que deberían garantizar la seguridad de todos.

Por más que las autoridades se empeñen en tratar de presentar este hecho como un evento aislado, lo cierto es que sólo representa la punta del iceberg de la inseguridad en Venezuela.

En el asunto de la inseguridad, a diferencia de otros, la ciudadanía no aprecia con claridad cuáles son las cuotas de responsabilidad que tienen las autoridades. Puntualmente, y cuando ocurren hechos trágicos y muy visibles de violencia, como ha sido este caso o, más comúnmente, la muerte de un transportista junto con la acción de protesta de sus compañeros, los ciudadanos piden vigilancia y castigo. Pero resulta frecuente imputar a la falta de valores, de principios familiares, a la imprudencia y cuando no hasta a la mala suerte, la violencia de la que somos víctimas en el país.

El principal responsable de la violencia es el Estado. Más precisamente es culpa de un gobierno que ha desinstitucionalizado el aparato estatal.

Una mezcla de inconsciencia con la aplicación de supuestos principios alternativos y revolucionarios es la causa principal de que exhibamos la cifra de criminalidad más alta del mundo.

Fue este Gobierno el que decidió ligeramente permitir que civiles se armaran para proteger la revolución. Fue bajo esta administración que se pretendió reformar el sistema judicial para terminar postrándolo en la más espectacular cadena de improvisaciones y provisionalidades. Ha sido este Gobierno el que ha remilitarizado la policía y el que introdujo cambios teñidos más por intereses políticos y marcado por manías conspirativas que por verdaderos criterios de protección al ciudadano y castigo para los infractores.

Si se observan las cifras de homicidios se verá una clara correlación entre los aumentos de estos y los eventos de mayor desinstitucionalización del país. Comenzando por 1989 y la revuelta social del Caracazo, pasando por las intentonas golpistas de 1992, la reforma constitucional de 1999, los conflictos políticos de 2002-2003 y, por último, la cadena de desacertadas decisiones de reformas policiales con la radicalización del Gobierno a partir de 2006, tras cada uno de estos episodios hemos ido escalando las cifras desde 2.000 muertes al año a casi 20.000 en 2011.

La multiplicación de la violencia por diez, especialmente en los últimos diez años, es responsabilidad exclusiva de este Gobierno. Por ello, cuando ocurren estos hechos, la opinión pública no puede caer en la trampa y creer en las explicaciones de los jefes del Gobierno. Ellas pretenden reducir a la acción individualizada de funcionarios inexpertos lo que claramente es el reflejo de una política hecha, conscientemente o no, para mantener y generalizar la inseguridad en Venezuela.

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