La semana pasada se habló en esta columna sobre la necesidad de insistir en la compatibilidad de la libertad con la justicia social –tomando las palabras del profesor José Ignacio Hernández G.- y para ello, destaqué la necesidad de elegir a un presidente de tendencia socialdemócrata capaz de lograr ese equilibrio entre la imperante fuerza económica y financiera que debe tener el Estado, atendiendo los factores macroeconómicos con la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, teniendo al Estado como un gran factor de equidad.

Con estas coordenadas, la justicia social, que ha sido abiertamente desatendida por el gobierno fascista de Hugo Chávez, emerge como elemento clave de un proyecto socialdemócrata contrario al socialismo del siglo XXI. Redefinir la socialdemocracia en base a aplicar la justicia social pasa por diseñar políticas en las que el individuo sea el centro y objeto principal de la acción política, donde se apueste por la redistribución de oportunidades, donde se invierta en políticas de cohesión social y donde se afiance la capacidad y el poder del individuo para decidir más allá de su origen social.

Esto implica jerarquizar las preferencias de actuación, y aporta una posible escala de prioridades: reducir la pobreza, elevar la inversión en educación, favorecer la inclusión de los desempleados e inmigrantes en el mercado laboral, asegurar la cobertura y la protección social y distribuir la riqueza de manera equitativa acorde a variables sociales, familiares, de género….

Quien escribe se define como un socialdemócrata convencido, favorable a fortalecer el papel y la inversión de los estados, elevando notablemente la inversión en educación y tecnología, desarrollando políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral e integrando en el mercado laboral a los desempleados, sin que ello suponga poner en riesgo la seguridad de los que ya trabajan. Y en ese orden de ideas, considero que la opción lógica y viable para Venezuela, especialmente en las actuales condiciones en las que un gobierno tirano y autoritario va de salida, es que sea un socialdemócrata quien tome las riendas del país.

Hoy más que nunca se hace indispensable pensar en la justicia social, en acciones por parte del nuevo gobierno, que tengan como eje fundamental al ser humano y a sus capacidades, más allá de su capacidad económica.

Pensar en socialdemocracia hoy día es distanciarse tanto de las doctrinas populistas propias del gobierno de Hugo Chávez, que solo ha utilizado a los venezolanos como objetos para sus fines personales, pero a la vez separarse de doctrinas políticas que tengan como eje central la obtención de capital para, con ello, dar respuestas a los ciudadanos. El próximo gobierno debe orientar la situación a la verdadera satisfacción de los problemas de los ciudadanos sin utilizarlos, sin dándole una verdadera importancia: acercar verdaderamente el poder a la gente mediante la descentralización, brindarle de manera real y efectiva servicios públicos que solo el Estado puede brindar.

En fin, el próximo gobierno, a mi entender, debe inicialmente aceptar las condiciones de disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y reformas políticas que demanda el neoliberalismo, sin dejar de ser fiel a principios y valores socialdemócratas, como mantener la esencia de un Estado socialmente responsable; un Estado como regulador último de la economía y; el compromiso con el bienestar social de las mayorías. Es decir, un gobierno con base en la justicia social, sin olvidar los compromisos económicos estatales.

Solo con este equilibrio que da la socialdemocracia, Venezuela podrá salir del atolladero en que irresponsablemente Hugo Chávez la ha metido. Un gobierno liderado por un verdadero socialdemócrata puede lograr que las desigualdades profundísimas existentes en Venezuela disminuyan sin traumas. Ya lo recordaba el profesor Ricardo Antela Garrido: “La democracia debe cuidarse de la desigualdad pues conduce a la aristocracia… dijo Montesquieu”

Twitter: @rojasperezm