En esta Venezuela, contaminada por el más rancio populismo, la distribución del presupuesto nacional se convirtió en un proceso de grotesca realidad. No sólo por lo que ha significado el venenoso desarreglo de la administración pública procurado con evidente saña desde las instancias estratégicas del Poder Ejecutivo. Particularmente, cuando se trata de la adjudicación de las cuotas presupuestarias a que constitucionalmente está obligado el gobierno nacional. Sólo que ahora, es otorgado según el grado de subordinación o sometimiento político-ideológico que demuestren entidades regionales y municipales e instituciones del Estado venezolano.

Para evitar mayores cuestionamientos, a pesar de lo injustificado que tan indebidas decisiones representan, el gobierno nacional se planteó una salida que, aunque improcedente, amortiguó el descaro de su intención desarticulando la institucionalidad democrática con fines de obscena politiquería. Es decir, para argumentar la razón de su mal llamado “socialismo del siglo XXI”. De esta manera, comenzó a crearse un Estado paralelo, con nuevas instituciones que permitieran contrarrestar la funcionalidad política de una sociedad que venía asumiendo sus responsabilidades sin evadir los desencuentros, debilidades y carencias que acompañaban tan difícil proceso de desarrollo. Así se le haría más expedita la construcción de una República que, desde la óptica de una caduca gnoseología política, emularía realidades castradoras de pluralidad política, de la universalidad del pensamiento, del respeto a libertades y derechos humanos fundamentales.

Esa salida alevosamente pensada, consideró la creación de cuantas dependencias y organizaciones fueran posible. Éstas, con propósitos más políticos que sociales, se calcularon para incitar ilusiones a partir de las cuales sería factible inculcar expectativas capaces de madurar un proyecto político de gobierno desde el cual pudiera seguirse induciendo una cultura de pobreza tan sólida que asegurara la preservación del poder del grupo dominante. Fue así que vino, como anillo al dedo, la ocurrencia ideológica del argentino Norberto Ceresole. Aunque estos dirigentes le sumaron otra condición: la de encubrir acciones emprendidas desde el alto gobierno que al mismo tiempo que coadyuvaran a la conservación del poder, fueran capaces de ocultar aquellas realidades que se vieran manchadas por la corrupción. Para ello, la impunidad y la violencia organizada serían las coartadas perfectas para desviar todo controversia que estuviese dirigida a poner al descubierto tan perversos manejos. Había que jugar al pobre. Había que acudir a excusas posibles que desviaran la atención hacia otros acontecimientos. Y efectivamente, así vino haciéndose por lo cual se requirieron recursos de toda índole. Así, el Estado venezolano se pervirtió en toda dirección. Fue la única manera de mantenerse en el gobierno a pesar de que el país no sólo advertía el tejemaneje que estaba dándose, sino también fue categórico en sus protestas.

Después de trece años de abierto desorden, tiempo éste en que lejos de crecer y consolidar la cacareada soberanía, Venezuela se endeudó. Dejó de exportar por la destrucción del sector productor nacional. La educación empeoró en términos de calidad. El acoso y el despojo de propiedades se hizo inaguantable. El engaño se convirtió en criterio de gobierno. El militarismo entorpeció la orientación del desarrollo económico y social. En fin, Venezuela retrocedió en perjuicio de las intenciones que una vez se alzaron como bandera de la democracia. Ahora sólo resta estructurar el embate necesario a partir del cual se restituirán las libertades que volverán ¡hacer grande a Venezuela!