Los espacios públicos en Caracas y otras ciudades han sido tomados por inescrupulosos, que exigen un pago por estacionarse en la vía pública (Bs. 60 en El Cementerio) o la obligación de lavar el carro (alrededores del Centro Médico de San Bernardino).

La negativa o la protesta son seguidas de amenazas de hacer desaparecer el vehículo o dañarlo. Los motorizados ya no solamente agreden a los vehículos en avenidas y autopistas, sino que han extendido sus ataques, insultos y amenazas a los peatones que circulan por la ciudad en calles y aceras. El peatón, en todas partes del mundo protegido, en Venezuela debe luchar para subsistir ante las atrocidades de los nuevos amos de calles y avenidas. Encapuchados y sin capuchas queman periódicamente vehículos de la UCV, destruyen las puertas del rectorado, dañan obras de arte, lanzan bombas lacrimógenas a diestra y siniestra y ametrallan edificaciones.

Mineros aborígenes pemones son obligados violentamente por el ejército venezolano a retirarse de sitios de explotación de oro, en supuesta aplicación de un decreto que reserva al Estado el manejo de estas minas, pero son substituidos por soldados que ilegalmente continúan la explotación de oro en el estado Bolívar. El sicariato sindical cobra víctimas impunemente en muchas zonas del país. Hordas de “obreros” tarifados impiden violentamente el nombramiento de una comisión electoral sindical en Guayana, un obrero resulta muerto y las acusaciones oficiales se dirigen a incriminar a las víctimas y no a los autores de la agresión, quienes son bien conocidos en la localidad. Motorizados lanzan bombas lacrimógenas para impedir la conclusión de las elecciones estudiantiles ucevistas, que habían sido perdidas por paliza por grupos violentos del sector oficial.

El Poder Judicial ordena la desaplicación del artículo legal que condena las invasiones como delito, lo que independientemente de las motivaciones altruistas del dictamen, va a potenciar las acciones contra la propiedad de tierras y viviendas, no por parte de los excluidos sino de delincuentes que negocian y se enriquecen con la miseria humana. Las declaraciones oficiales señalan que, de ganar la oposición en octubre próximo las elecciones presidenciales, se va a producir un desastre en el país y se generalizaría el caos. Continúan los asesinatos diarios que han hecho de nuestro país uno de los más inseguros del mundo, a pesar de quienes claman que se trata realmente de una percepción sin fundamento de la población, originada por la perversa propaganda de la oposición política y sus medios de comunicación.

Sin ninguna duda, sépase o no, se está gobernando para producir caos, sin saberse a ciencia cierta a quién le rendirá beneficios y adónde nos conducirá esta perversa práctica.