Finalmente algo ocurrió que causó conmoción. Un niño fue asesinado con crueldad. Dicen algunos que se montó una gavilla para torturarlo primero. Tal vez murió de dolor en el trance del tormento. Al pueblo de Guanare (la tierra de la Virgen Patrona de Venezuela) le pareció horrendo y respondió con violencia. No solamente porque resulta intolerable que un niño pague las culpas y equivocaciones de quien sabe quien o quienes, sino porque la justicia chavista comenzó a dar esas volteretas tan propias del régimen y tan favorecedoras de la impunidad. Y el pueblo, en este caso, no lo toleró.

La pregunta que queda en el tintero es la relativa a la causa de este tipo de hechos. ¿Por qué ocurren? ¿Qué mueve a venezolanos comunes y corrientes a intentar este tipo de crímenes, con tanto ensañamiento y ventaja? Insisto ¿qué cosa tan horrenda pudo haber hecho este infante como para merecer tan lamentable final? ¿Cómo comprender tanta desviación de la norma que exige el derecho a la vida y por supuesto el respeto a la dignidad de las personas?

Las respuestas no son en ningún caso obvias. No hay monstruos sueltos. Los que realizaron tan reprobable crimen eran al mismo tiempo personas dedicadas a sus cosas, con empresas y trabajos, con familias y querencias. El mal se nutre, eso sí, de esa banalidad que nos hace a todos ser sospechosos a la vez que desconfiados del resto. Lo que ocurre verdaderamente es que tales tipos de actos, crímenes respecto de los cuales a todos nos cuesta entender de razones, hechos violentos desproporcionados, asesinatos por arrebatón de pequeños bienes, en fin, toda esa violencia está siendo destilada desde un discurso y una práctica de la impunidad que está desplomando las bases morales de la república.

El que siembra vientos, cosecha tempestades. El gobierno ha sido hábil en la trama de desmontar cualquier institucionalidad dedicada a proveer el bien público de la justicia. Los jueces autónomos han sido exterminados y sustituidos por “mujiquitas” serviles que en ningún caso van a rozar las tramas del poder. Chávez ha sido el patrocinante de una ética de “colectivos armados” que de la misma manera que envalentonó a la difunta Lina Ron, garantiza la pervivencia de estatuas que homenajean a guerrilleros y terroristas. Esta ética pinta murales con vírgenes que han cambiado el cetro por un FAL y que sostienen en su regazo a un niño odiante cuyo mensaje no es el bien sino la muerte. Es el mismo gobierno cuyos ministros y altos funcionarios hacen gala del uso de la fuerza, portan y exhiben armas y profieren amenazas contra todo lo que no les parezca socialista. Es el gobierno de la muerte invocada hasta que el cáncer se hizo presente. El régimen de las milicias y del pueblo en armas. Y que no quiere  invertir recursos en seguridad ciudadana, porque tal vez le convenga que barrios y urbanizaciones sigan manejadas por encargo, entre mafias ideológicas y narcotraficantes. Esos son los vientos que nos trajeron hasta estos barros: Ciento sesenta mil muertos, y ese niño que lamentablemente murió torturado.

Algún sensor no le está funcionando bien al gobierno si cree que ese desplante permanente no trae consigo estos efectos tan perversos. Si creen que el envalentonamiento contra todos y todas las instituciones no van a permear hacia conductas sociales que pretenderán hacer lo mismo. Venezuela está llena de hechos de fuerza ante la mirada indiferente de las autoridades. Tomas de la propiedad, robos forzados de lo ajeno, intentos de apelación al presidente para robar y forzar condiciones inaceptables dentro de cualquier cálculo de decencia. Y leyes que son un disparo a la decencia. Legislaciones completas que están elaboradas para el arrebatón y la confiscación. Toda esa práctica tiene que terminar en niños torturados y en familias indiferentes o incapaces de reaccionar ante un guión en el que lo único importante es la fuerza. Aquí todos los días se asesina a la razón. Y el que contrata a cada uno de los sicarios de la razón es el gobierno.

Algo no está funcionando bien si una colectividad piensa que es factible coger a un infante y maltratarlo hasta la muerte, sin que por eso haya castigo. Algo huele muy mal en la duda judicial, y en ese intento de retardo que provocó la explosión emocional de toda la ciudad. Hay dudas que ofenden. Eso pareció ser el caso del juez y el llamado a la calma de un gobernador que no quiso ser todo lo empático que exigía la ciudad. Sin embargo, toda esa reacción no es otra cosa que la misma impunidad y el mismo desplome que nos mantiene al borde de volver a relaciones primitivas. Que toda la ciudad no encuentre instituciones a las que hacer una exigencia de mera civilidad debe formar parte del diagnóstico que debemos hacer para saber hasta donde hemos descendido. Tal vez conociendo ese dato, podamos algún día reponernos de tanta barbarie.

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