Por estas noches y después de terminar varias partidas de Catan, alargamos una curiosa conversación que desembocó en los rocambolescos

intríngulis de la administración pública del Estado. Mi buen amigo, su esposa, y mi esposa, indicaba que sabía de un director de una institución que se había quedado con una muy jugosa ganancia al utilizar las finanzas asignadas a su unidad, en una triangulación, entre petros, bolívares y dólares. -¡Legalito! señor, Juan. De inmediato mi esposa, con su característica severidad académica, respondió. -¡No, señor! Eso no puede ser legal. Eso es un vulgar robo a la nación.

-¡No! Es que ustedes no saben de eso. Eso se puede hacer y no es robo. Ripostó nuestro amigo. Eso se está haciendo desde hace tiempo. –Fíjese que en esas transacciones las asignaciones que son de esa dirección quedan igual al final de cada semestre y no falta nada.

La discusión al final se fue por los vericuetos de la moral, la ética y demás reflexiones, mientras yo me he quedado pensando en la fulana palabra, ‘legalito’. Creo que por ahí debe estar ocurriendo alguna falla de cierta lógica que hace ver algunos ‘manejos’ del erario público nacional con visos de semi legalidad para justificar aquello que a todas luces ha sido, es y seguirá siendo robo a los dineros públicos del Estado en cualquier sociedad democrática con sistemas financieros claros y pulcros.

¡No!, por más que le busco lógica a este asunto no encuentro ni justificación ética, ni moral ante semejante fechoría con visos de legalidad. Porque no es tanto el procedimiento de estar frente a procesos de alta tecnología financiera en el uso de las llamadas monedas virtuales, como este llamado ‘Petro’ venezolano, sino los principios de velar por la asignación de presupuestos ajustados a las reales y verdaderas necesidades y el ‘por qué, para qué y el cómo’ se usan dichos recursos. Además, a ningún funcionario se le indica que tiene ‘permiso’ para utilizar dineros públicos para lucrarse y beneficiarse usando un recurso financiero que no le pertenece y que es de origen ‘público’ y no privado.

Pero lo que me sigue rondando la cabeza es la palabra ‘legalito’, como un gusanito que siento cerca y se podría transformar en parásito sino defino bien para poderlo combatir. Es esa tendencia de ciertos personajes que transitan la administración del Estado para ver dónde pueden anidar para pervertir los procesos administrativos, ajustando las innovaciones en la tecnología financiera y sus transacciones, con el único fin de lucrarse (robar) sin dejar huellas o borrando todo rastro a la hora de presentar sus informes financieros al final de cada gestión administrativa.

Se les llamaba inicialmente, ‘ladrones de cuello blanco’ a quienes hicieron a un lado los tradicionales instrumentos del robo a mano armada: cuchillos, machetes, y después, pistolas y armas largas, para finalmente alterar los números en los cuadernos de contabilidad, y después instalarse frente a los computadores y trasladar cifras en montos virtuales, entre cuentas institucionales, en triangulaciones más allá del espacio físico. 

-¡Pero sigue siendo robo!. Fue la sentencia de mi esposa. -¡Sí, claro!, respondió nuestro amigo. Es que eso de ‘legalito’ parece una estrategia lingüística para colocar un neo concepto que justifique una nueva estrategia de robo adecuada a los nuevos tiempos de esto llamado ‘moneda virtual’ donde todo se hace a través de las herramientas tecnológicas, y aún más, en países como Venezuela, donde los administradores de los dineros públicos ‘gozan’ de eso que llaman ‘actuación discrecional’ por ser ‘empleados de confianza’ o nómina ejecutiva del régimen. Los controles previos de gestión y ejecución, las contralorías internas de cada institución y la contraloría nacional, son apenas entes que aparecen bellamente descritos en las leyes y normas nacionales, pero no tienen en la práctica el carácter de rigurosidad ni el peso para lo que fueron concebidos.

Este nuevo término que existe parece estar sustituyendo el tradicional ‘legal’ que todos comprendíamos y acatábamos como semejante a la ley y el orden. Legalito es algo que puede ser acomodado según interese al usuario. Es un comodín que usan estos neo ejecutivos para entender que ciertos procesos administrativos pueden ser violados para que no parezcan robos o procesos financieros corruptos y, por tanto, de la ‘corrupción administrativa’ de siempre. En todo caso, si se llegara a saber y descubrir a quien la infringe, las llamarían algo así como, ‘faltas menores’.

Quedará siempre en el ciudadano, llamado acá ‘funcionario público’, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos administrativos al usar los dineros públicos que el Estado le asignó, según el proyecto de ejecución presentado al inicio del año fiscal.

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