La transformación de una economía es un proceso organizado según un plan viable y consistente, en prosecución de objetivos que se consideran de interés común y convenientes. En el caso venezolano actual, existe en los hechos un proceso de cambio cuyo propósito, al parecer, es el de implantar en el país un sistema calificado como socialismo del siglo XXI, en sustitución del que existe, definido por la Constitución como de economía social de mercado, con participación del Estado bajo la forma de un sector público productor de bienes y servicios que se transan en el mercado, y poseedor de medios de producción, circulación y distribución importantes, instituciones financieras, organismos de comercialización, de transporte colectivo y el Banco Central. El sector privado comprende una gama amplia de actividades económicas que constituyen alrededor de 65% de la economía total. Esta composición de la economía se ha calificado como mixta, en la que el Estado tiene la facultad de regular, planificar, intervenir y orientar al conjunto, con el fin de promover, orgánica y equilibradamente, el desarrollo económico y social. Según la actuación del gobierno, el designio de éste es cambiar el orden constitucional vigente y establecer un sistema en el cual el espacio económico del Estado sería determinante y la actividad privada sólo marginal.

El Gobierno ha tomado posesión de empresas, explotaciones y propiedades del dominio privado, bajo distintos pretextos, y se observa inseguridad económica, desconcierto y necesidad de una definición clara y precisa de los alcances de sus actuaciones. En esta situación el gasto público no es suficientemente eficaz para contrarrestar los factores recesivos. El ingreso fiscal ordinario se queda rezagado con respecto al gasto; se ha recurrido al endeudamiento pero éste es costoso; no conviene un aumento de la carga tributaria en términos normales y por ello se toma la medida de la devaluación que es realmente un impuesto indirecto, con beneficios fiscales considerables, pero con efectos ominosos para la gente que no puede de inmediato reajustar sus ingresos monetarios en relación con el inevitable impulso adicional en los precios.

El socialismo, según Carlos Marx, no se establece por decreto o por el empeño personal de un individuo o un grupo, sino en virtud de circunstancias históricas, en reemplazo del capitalismo cuando éste ha agotado su potencial de desarrollo y entra en crisis, la cual determina una revolución social. En Venezuela el capitalismo no se ha desarrollado a plenitud y ello plantea la necesidad de considerar reformas profundas, para lograr un desarrollo que tenga como objetivo el bienestar integral del ser humano. Lo que hasta ahora ha actuado el régimen bajo el rótulo de socialismo es una absorción impulsiva de funciones, actividades, empresas y propiedades que exigen para su administración eficiencia gerencial, lo que escasea en los medios oficiales. Lo que se ha logrado es un estatismo ineficiente. La participación social, principalmente de los trabajadores, en la gestión económica del sector público está ausente; incluso, la gestión de las comunidades no se ha desarrollado; todo depende de lo que el Gobierno haga o deje de hacer.

Problemas de mucha monta reclaman una verdadera transformación en la gestión pública y en la vida social, pero no se plantean soluciones eficaces por parte del Estado. Lo práctico es que a la par de que se toman providencias de corto plazo, se proyecten soluciones de fondo y se asignen los recursos económicos y técnicos y el personal para cada caso. De no hacerse así los problemas se agravarán hasta el punto de colapso, para tormento de una colectividad que padece sus consecuencias, pero cuya paciencia se agota.

El Nacional