El doble sismo que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio resquebrajó los pronósticos económicos alentadores que los expertos vaticinaban para el cierre de este año 2026,

impulsados por el crecimiento de la producción y exportación petrolera, el levantamiento parcial de las sanciones por parte de Estados Unidos y la apertura de los mercados financieros internacionales.

Daniel Lahoud,  economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, afirma que, tras el desastre natural, la economía podría entrar en los próximos meses en un estado de estancamiento, debido a la presión del gasto que supondrá la reconstrucción de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

Las estimaciones de pérdidas materiales son elocuentes. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)  calcula que los daños causados por los sismos ascienden a 37.000 millones de dólares, equivalentes a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Otras agencias como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifraron las pérdidas económicas en 6.700 millones de dólares, un 6 a 7% del PIB.

Lahoud es mucho más cauteloso y estima que el costo real se ubica cerca de los 4.000 millones de dólares.

«La cifra de pérdidas que estima la ONU, a mi juicio, luce exagerada; un cálculo más honesto estaría por el orden de esta cantidad, que sería lo que el gobierno necesita para reconstruir las localidades afectadas. La Guaira no representa un volumen de producción tan grande como para alcanzar el 7% del PIB, pero como la zona es cercana a Caracas el impacto puede ser la mitad de lo que estimó el PNUD»,  indica.

En el mejor de los casos, el PIB tendrá crecimiento cero

Según las estimaciones del profesor, antes de la emergencia se esperaba que el Producto Interno Bruto (PIB) —indicador que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país— cerrara con un crecimiento de entre el 7% y el 8%.

Sin embargo, la crisis obligará a desviar los recursos que ingresen, principalmente por exportación petrolera, hacia la reconstrucción de los daños generados por los sismos.

Ante este panorama, Lahoud asoma un escenario de caída o de estancamiento de la economía.

“Probablemente en el año haya, en el mejor de los casos, un crecimiento cero del Producto Interno Bruto.  Y en el peor, una caída que pudiera ser del dos o el tres por ciento”, sostiene.

A favor de este escenario juega el hecho de que no se espera una disminución en los ingresos que recibe el país, ya que la infraestructura energética no sufrió daños estructurales tras los sismos, lo que garantiza la continuidad de la producción y exportación de crudo.

Según reportó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de petrolera venezolana cerró en junio en 1.070.000 barriles diarios, sin una variación significativa respecto al mes anterior.

De igual manera, Lahoud señala que la reconstrucción de la infraestructura colapsada será un factor capaz de dinamizar la economía en el corto plazo, lo que requerirá de la participación de la banca nacional y el impulso definitivo del sector construcción.

Nada más en La Guaira, la entidad más golpeada por los sismos, al menos 158 edificios colapsaron, entre conjuntos residenciales y comercios. Según la firma consultora Anova Policy Research, su reemplazo o reconstrucción supondrá 2.370,6 millones de dólares.

Bajo una perspectiva que plantea cambiar la visión de un “Estado propietario”,  el especialista en Economía Empresarial dice que la crisis obliga a abrir las puertas al capital privado mediante un reajuste fiscal.

«La mejor medida que puede tomar el gobierno es privatizar inmediatamente todo lo posible y dejar la recuperación en manos de la empresa privada. De este modo, se evita que el gasto público siga incrementándose y se reduce la necesidad de que el Banco Central de Venezuela emita dinero para financiar el déficit fiscal«.

Inflación, brecha cambiaria y dolarización 

El investigador del IIES-UCAB tiene claro que el impacto de la tragedia sísmica sobre los precios de bienes y servicios dependerá de cómo actúe el Ejecutivo ante la reconstrucción.

Asevera que las donaciones internacionales que el país está recibiendo podrían financiar al menos una parte de estas tareas y minimizar los efectos de la emisión de dinero sin respaldo, que alimentaría la inflación.

“Si el gobierno decide financiar los gastos del desastre emitiendo dinero a través del Banco Central de Venezuela, la dinámica inflacionaria seguirá y podría elevarla hasta un 500% al cierre del año”, advierte.

La situación cambiaria también continuará incidiendo sobre este indicador. Recuerda Lahoud que el mercado ha enfrentado limitaciones en el acceso a divisas en físico, lo que ha obligado a empresas y ciudadanos a buscar efectivo en el mercado informal, presionado al alza la cotización paralela

“Para protegerse, los comerciantes fijan precios con una tasa informal más alta, creando la falsa percepción de una inflación real en dólares”.

El también experto en Historia Económica vislumbra un alivio tras los recientes anuncios de inyección de efectivo proveniente de Estados Unidos, a través de bancos locales y la autorización de venta de remesas, que podrían mejorar el panorama a corto plazo.

Sin embargo, advierte que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo —que ha llegado a 30% y actualmente promedia 15%— persistirá mientras no se aborde el tema con una política integral.

«La solución definitiva pasa por acabar con el control de cambio; mientras este exista, la brecha persistirá, fluctuando entre márgenes mayores o menores”, apunta.

A su juicio, la mejor solución es la dolarización de la economía. Señala que no tiene sentido mantener un cono monetario que ha perdido sus funciones básicas en el contexto nacional.

«Si el BCV no sigue emitiendo dinero, la tendencia es que baje la brecha; pero si continúa, ésta puede tender a cerrarse, pero siempre estará ahí. Al final, lo que verdaderamente hace subir los precios es la emisión. La dolarización es la salida, yo tengo la impresión de que una política monetaria (orientada a defender o rescatar el uso del bolívar como moneda) no es lo mejor», sentencia.

No vislumbra caída en el consumo

En cuanto al abastecimiento y la dinámica de comercialización tras el doblete sísmico, el profesor Daniel Lahoud descarta una crisis de escasez generalizada. Explica que las principales afectaciones estructurales se concentraron en zonas residenciales y no en áreas industriales o empresariales, lo que preservó las plazas de trabajo de los sobrevivientes.

Además, subraya que los principales puertos del país, especialmente Puerto Cabello, no sufrieron daños por los movimientos telúricos, lo que garantiza la continuidad de las operaciones de importación y exportación.

Agrega que la demanda de bienes en los sectores vulnerables está siendo amortiguada temporalmente por las donaciones de la sociedad civil y la ayuda internacional, lo que ha permitido que el flujo comercial regular no colapse.

De acuerdo con su análisis, la capacidad de compra del venezolano no experimentará un quiebre por desabastecimiento, sino que continuará sujeta al comportamiento de los precios.

«Si el efecto general de los terremotos no golpea el empleo, esto no debería afectar el consumo. Si las empresas donde trabajan las personas no sufrieron daño y mantienen sus puestos, el consumo va a permanecer igual; una caída solo ocurriría si se hubiesen destruido de forma masiva los centros de trabajo«, precisa el economista.

Financiamiento internacional, reconstrucción y deuda externa

Lahoud señala que acudir al crédito extranjero es la opción más viable para financiar la emergencia sísmica sin generar inflación, aunque advierte que asumir nuevos compromisos aumentará la deuda externa venezolana, panorama inviable mientras el país continúe en mora.

Apunta que el auxilio financiero para levantar las zonas afectadas recaería en organismos como el Banco Mundial o CAF, aunque bajo un estricto esquema de contraloría: «Si hay problemas con viviendas, hay que tocarle la puerta al Banco Mundial; pero ese préstamo tiene condicionamiento: el dinero no lo entregan inmediatamente y, además, el país tiene que demostrar que lo utilizará para atender la emergencia«.

El peso de esta vía recae sobre un historial financiero comprometido. El investigador del IIES-UCAB estima que la deuda externa debidamente reglamentada de Venezuela —más allá de los cálculos de otras fuentes como Financial Times que la ubican en 240.000 millones de dólares— asciende a unos 170.000 millones de dólares.

Puntualiza que este saldo se desglosa en $120.000 millones documentados en bonos, $15.000 millones de deuda flotante acumulada desde el default y cerca de $20.000 millones adquiridos con multilaterales, además de un volumen de pasivos no autorizados por la Asamblea Nacional derivados de convenios opacos con China e Irán.

Ante la magnitud de este compromiso, más de 100 economistas y académicos de Estados Unidos, Europa y América Latina solicitaron formalmente el pasado 7 de julio una moratoria integral de la deuda externa venezolana. La iniciativa busca la suspensión temporal del cobro de intereses y multas fiscales para permitir que el flujo de caja disponible se concentre en las labores de reconstrucción.

El economista del IIES-UCAB concluye que la renegociación de estos compromisos no debe desplazar la atención de la crisis actual. «Eso es lo último que haces en un plan de reconstrucción; hay otros problemas urgentes que resolver como los servicios públicos colapsados, la gestión fiscal del gobierno, el control de cambio y la definición monetaria«.

Fotos: Manuel Sardá, María Alejandra Salas y Armando Altuve

Fuente: El Ucabista