Recientemente, la usurpación ha promulgado la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, decretándolas en cinco distintos ámbitos geográficos.

El diputado Luis Barragán,   ha sido una de las muy escasas voces que, desde hace más de un año, ha alertado en torno a la materia, oponiéndose abiertamente a la fórmula denunciada en la propia  Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. 

El comentario inicial apunta al elogio que hizo Maduro Moros del trabajo como clave para impulsar una economía real y diversificada a pesar de sufrir los efectos de las “bombas nucleares de las sanciones”. Aseveró el parlamentario que “es el colmo del cinismo la referencia alabanciosa del trabajo que ha degradado como un valor desde muy antes de desatarse la pandemia, convertida en una terrible y sufrida realidad la del cruel desempleo que fuerza al injusto exilio de millones de venezolanos”.

Agregó: “El régimen no pudo antes de un año cerrar todas las negociaciones para el reparto del país entre las camarillas del poder y sus intereses económicos, decretando las zonas económicas especiales que ya estaban cantadas, porque todo parece indicar que la ley fue la que se ajustó a las condiciones previamente cocinadas y no al revés, haciendo esperar a esos intereses por las definiciones legales”.

Indicó que “las zonas económicas especiales están cebándose en áreas de una inmensa y largamente reconocida fragilidad medioambiental, como es el caso de la Isla de la Tortuga y, de acuerdo a los especialistas en la materia de nuestra organización partidista, constituye un reserva natural en la que no está permitida ninguna construcción. Valga acotar, los funcionarios del ramo revelaron el carácter real del llamado ecosocialismo, confesando que están ocupados en el desarrollo  de la propuesta desde muy antes de promulgada la ya citada ley”.

Recordó el también integrante de la dirección nacional de Encuentro Ciudadano encabezada por la diputada Delsa Solórzano, el reciente asesinato de tres indígenas jivi, en el municipio Sucre del estado Bolívar, señalando: “Mucho más allá de las peculiares zonas económicas especiales que les fueron concedidas antes de saberse del proyecto de la ley en cuestión, está el deber indelegable de la Fuerza Armada Nacional de defender la seguridad y defensa de la nación, por lo que no es posible que acontezcan impúnemente las muertes de venezolanos pertenecientes a las comunidades indígenas ubicadas en áreas excesivamente apetecidas por sus riquezas naturales y minerales estratégicos susceptibles de formlizrse como zonas económicas especiales que las son en los años”. 

Finalmente, mostró el parlamentario preocupación por la reglamentación ejecutiva de una ley en el fondo “interesadamente ambigua o imprecisa”.