La destitución de sus cargos e inhabilitación política hacia alcaldes demócratas ha aumentado de manera drástica en los últimos meses,

luego que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los declarara en “desacato” en el ejercicio de sus funciones, bajo la orden de amparo cautelar implícita en la sentencia 371 del pasado 24 de mayo de 2017.

Dicha resolución es la que ha permitido al Poder Judicial proceder contra estas máximas autoridades municipales al culparlos por el “delito” de tolerar el cierre de vías en sus jurisdicciones durante manifestaciones antigubernamentales que se llevaron a cabo por más de cuatro meses en Venezuela.

Desde el 25 de julio, fecha en la que máximo órgano judicial citó al mandatario local anzoatiguense, alcaldes por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han sido condenados bajo el mismo estándar de veredicto: Alfredo Ramos (Iribarren, Lara); Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui); Carlos García (Libertador, Mérida); Ramón Muchacho (Chacao, Miranda) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda).

Ramos se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Mientras los otros permanecen en la clandestinidad para evitar ser apresados.

Para el politólogo Guillermo Tell Aveledo, independientemente de sus ideologías, los alcaldes no pueden estar por encima de los DDHH de los vecinos que habitan en sus jurisdicciones, en referencia al derecho a la protesta pacífica establecido en la Constitución de la República.

Tell Aveledo especificó que en la mayoría de los casos antes mencionados, los burgomaestres “contribuyeron con el arbitraje entre vecinos para tratar de restaurar la paz en situaciones difíciles” que se pudieron suscitar dentro de sus localidades durante más de cuatro meses de acciones de calles.

En este sentido, precisó que si el régimen de Nicolás Maduro estuviera realmente interesado en preservar la “paz social” en la nación, no estaría terminando con las “estructuras que garantizan el disenso pacífico en Venezuela”, estimó.

Resaltó que, además de violar los derechos legales de estos dirigentes, también se está realizando una “persecución política concreta” ya que hay municipios que no están manejados por la derecha venezolana, donde hubo protestas severas y esos alcaldes no están siendo acosados o afectados.

“El interés, evidentemente, es político-partidista y lo que se refleja aquí, es cómo se han sometido las instancias del Estado central a las directrices del partido de turno (PSUV)”, sostuvo Tell Aveledo.

Para el experto en política, estas situaciones solo evidencian que el país atraviesa una “absoluta ausencia de garantías que responden a la lógica de estos dos años de ruptura continuada y creciente del hilo constitucional”.

Destituciones con precedentes

La persecución hacia alcaldes de la MUD por parte del régimen de Nicolás Maduro data del año 2014, cuando Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) inauguraron la dilatada lista de gobernantes municipales sentenciados y despojados de sus competencias por la Sala Constitucional del TSJ respectivamente, por presunta rebelión civil en las manifestaciones estudiantiles de ese año.

Mientras que en el 2015, el alcalde mayor del área Metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, fue encarcelado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusado de conspirar y liderar un presunto plan de golpe de Estado. En la actualidad, Ledezma permanece bajo arresto domiciliario (casa por cárcel), pero no ha sido removido de su cargo como los demás burgomaestres.

Asimismo, ese mismo año, Lumay Barreto (José Antonio Páez, Apure) también era apartada de sus funciones, en este caso por el Concejo Municipal (de mayoría oficialista); escenario que se repitió en el 2016 para los alcaldes Delson Guarate (Mario Briceño Iragorry, Aragua) y Warner Jiménez (Maturín, Monagas).

Guarate fue detenido por funcionarios del Sebin acusado de supuestas acciones desestabilizadoras, mientras Jiménez permanece en el exilio para evitar la orden de captura en su contra. La máxima autoridad municipal de Páez dejó como alcaldesa encargada a Alicia Loreto, quien también fue destituida para colocar a un concejal oficialista al frente de esa alcaldía, caso que se repitió con Lumay Barreto y Warner Jiménez.

Creciente represión política

Según Guillermo Tell Aveledo, el país está ante un clima de represión política más avanzado y fuerte, en comparación a los años 2014- 2015, porque no solo se persiguen a los burgomaestres, sino que también se amenaza al presidente de la Asamblea Nacional (AN) y se “destituye” a la Fiscal General de la República.

“El gobierno va ir estirando la represión a los alcaldes y a todo político disidente, en cuanto tenga la seguridad de que los costos de esa decisión son menores que la necesidad de imponerse a sangre y fuego. Además, de su propia lógica revolucionaria, no olvidemos que también hay un elemento de orgullo y excesiva confianza dentro del Estado PSUV para cometer sus acciones”, aseveró.

Desde el punto de vista del especialista en temas políticos, en un período de corto plazo la Mesa de la Unidad Democrática es la más afectada ya que estas acciones arbitrarias pueden generar desánimo y temor para aquellos que se “involucren en las rutas de una mayor libertad”.

Sin embargo, el régimen es quien se verá perjudicado a largo plazo por un trascendental “descrédito” nacional e internacional, que, en estos momentos, representa su mayor debilidad.

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