La propuesta hecha por el presidente García en la cumbre de Bariloche, refrendada en la Cita de Cancilleres de Quito, para terminar con el armamentismo en América del Sur y como parte de un pacto de no agresión, ha sido colocada privilegiadamente en la agenda de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Los países firmantes aprobaron, con excepciones que no honran, trabajar en esa dirección como una forma entre otras de desanimar la irracional carrera armamentista en que se encuentran empeñados algunos gobiernos de la región. Cierta prensa, particularmente la chilena, ha intentado quitarle piso a la propuesta caricaturizando el tema, colocando adjetivos inconvenientes a la voluntad pacifista de los gobiernos y buscando minimizar las amenazas a la unidad regional. Es comprensible que la condena a la propuesta de paz del presidente García provenga principalmente del lado chileno. Fue en Chile donde nació la carrera armamentista regional, rubricada con sus desafiantes maniobras militares de los últimos días, todo lo cual no hace sino mostrar una voluntad de amedrentamiento a los países a los que el gobierno de la presidenta Bachelet considera amenazas a su soberanía.

El Gobierno Peruano ha decidido convertir su propuesta de paz en una auténtica cruzada regional y ha resuelto enviar delegaciones oficiales para explicar las razones de esta suerte de compromiso histórico que gobiernos y prensa latinoamericanos y europeos han saludado entusiastamente.

El objetivo de la tarea es hacer de la región sudamericana, en principio, y de América Latina, después, un área de cooperación, paz y desarrollo, refrendada en un pacto de no agresión entre los 12 países de la Unasur, para lo cual un paso elemental es frenar la carrera armamentista y crear además instancias fiscalizadoras que garanticen el ejercicio y aplicación de los acuerdos.

En la Declaración del Milenio, aprobada en la ONU en setiembre del 2000, se invita a los estados a reconocer el peligro de la carrera armamentista y a asumir las tareas del desarme, así como se compromete a la Secretaría General a vigilar el respeto de esta responsabilidad. Para recordar este acuerdo, precisamente, se instituyó la Semana del Desarme a celebrarse anualmente del 24 al 30 de octubre. Todo esto “en el claro propósito de construir un mundo mejor y más seguro mediante la seguridad colectiva y una alianza mundial por el desarrollo”, como reza el texto de la declaración.

Resulta lógico pensar que comprometerse en tareas como la planteada por el presidente García supone nuevas construcciones ideológicas, diferentes interpretaciones del mundo de hoy y concepciones modernas sobre lo que representan las bases de la seguridad internacional.

Hoy los objetivos políticos y geoestratégicos dependen de factores que no pasan necesariamente por el uso de la fuerza ni por demostraciones de poder militar. Fortalecer el sistema democrático regional, combatir la desigualdad socioeconómica y cultural en los países de la unión y solucionar desinteligencias entre vecinos, no precisa de un arsenal militar de última generación. La experiencia confirma que la seguridad es amenazada por circunstancias económicas y sociales que requieren recursos para enfrentarlas, así se fortalece la seguridad y se logra la paz y el desarrollo humano.

Apoyar la tesis del Gobierno del Perú es generar confianza y propiciar el diálogo. La convicción puesta en el impulso de la propuesta dignifica a nuestro país y a sus gobernantes. El compromiso histórico no debe abandonarse.

(*) Analista político

Fuente: El Comercio (Perú)