El cierre por vía judicial del semanario Sexto Poder y las órdenes de detención contra su editor, Leocenis García, y su directora, Dinorah Girón, constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión. El caso podría interpretarse como el inicio de una operación represiva del régimen que tendría que ver con el propósito de generar conflictividad de cara al proceso electoral del 2012. ¿Por qué? La estrategia chavista para controlar los medios se ha cumplido en varias fases. En un comienzo, se apeló a la agresión contra medios y periodistas por los "círculos bolivarianos". Luego, con la modificación del Código Penal se recurrió a la justicia ordinaria para criminalizar la crítica. Numerosos periodistas han sido llevados a juicios por delitos comunes, cuando en verdad se trataba de penalizar su posición política.

La aprobación de la "Ley Mordaza" y sus reglamentaciones la han convertido en un instrumento para neutralizar los medios radioeléctricos. Las frecuentes sanciones contra Globovisión, el cierre de RCTV, la salida del aire de 34 emisoras y 2 televisoras, la reprogramación de frecuencias y un injustificado suspenso para la renovación de concesiones son, entre otros, recursos dirigidos a generar miedo en empresas de radio y televisión. Mientras tanto, cada día se fortalece la estructura mediática oficialista. Por ese camino se consolida la "hegemonía comunicacional" que, de acuerdo con la lógica totalitaria, es utilizada en función de un mensaje propagandístico e ideologizante.

Ahora la situación planteada con Sexto Poder va más allá, porque se trata de la prensa escrita que opera sin vinculación alguna con el Estado. Las damas que componen el Poder Moral y que se consideraron lesionadas por una publicación del semanario tienen todo derecho a recurrir a las instancias correspondientes. El mismo derecho que asiste a los familiares de María Teresa Castillo para actuar contra la podredumbre televisiva acumulada en el canal estatal.

Pero en este caso se han violado los más elementales pasos del debido proceso. García y Girón fueron buscados por la policía sin que ellos se hubieran enterado del juicio en su contra. Es más, en una medida insólita un juez ordena el cese de la circulación del periódico; es decir, se ejerce de manera brutal la censura previa por decisión de un tribunal. Acaso, ¿se ha determinado la culpabilidad de los indiciados? De resultar ellos culpables, ¿podría extenderse la sanción contra un producto de naturaleza comercial? Si la liquidación de la libertad de expresión se venía dando mediante métodos seudo-legales y presiones sutiles, ahora parece que ha llegado el momento de la confrontación directa y brutal contra editores y periodistas. De esta manera, la defensa de la libertad de expresión es un deber inexcusable de la sociedad democrática.

@manuelfsierra

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