Aunque la justicia nunca ha estado bien en nuestro país, nunca había estado tan mal como en esta patria dirigida por un presidente primitivo como Chávez. El ideal de acceso a la justicia para todos por igual es sencillamente inexistente en la Venezuela de hoy. La garantía de una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable y equitativa, establecida en nuestra Constitución nacional se ha quedado en letra muerta.

La primera responsabilidad es del Presidente y de sus seguidores de la Asamblea Nacional, quienes han hecho todo lo éticamente reprobable para designar y controlar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, son responsables esos magistrados que, a pesar de las sombras en su elección, deberían tener un poco de decoro y entender que no pueden administrar una justicia sumisa y complaciente. Habrá pocas excepciones, pero sin duda es necesario mencionar a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, como el prototipo de una jueza comprometida con el ideal de justicia, una mujer preparada, coherente y resistente ante las presiones públicas y veladas del Presidente y del Gobierno.

Frente a esta realidad, la mayoría de los jueces terminan haciendo una competencia a ver cuál es más servil y cuál se compromete más con el proceso, aunque eso afecte gravemente el equilibrio que los debería caracterizar. El caso más lamentable, deprimente e indignante es el de la titular del Juzgado Superior Civil y en lo Contencioso Administrativo. Su papel, antes como jueza rectora y siempre en su labor jurisdiccional, ha estado signado por decisiones tendenciosas y parciales, favorable siempre al Gobierno y a los representantes del PSUV.

Es ofensivo a la democracia y a la justicia tener que acudir a un sistema judicial donde algunos personajes políticos se jactan de contar con decisiones favorables antes de que el proceso se inicie. Es eso lo que ha sucedido con la referida jueza. Los concejales del PSUV anuncian convencidos que acudirán a ella para que, sin pensar, les dé la razón en las pretensiones ilegales e irracionales que se les ocurren  con la idea de obstruir la gestión municipal. Y al final, pierde la justicia y pierde Maracaibo.

LV