A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional;

durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores, sobre cómo nos correspondió encarar este caso litigioso, como Asunto de Estado. Por encima de actos de gobierno.

Ahora nos encontramos expectantes; por cuanto, para el próximo mes de noviembre la Corte Internacional de Justicia tendría bastante probabilidad de dictar sentencia definitiva en este juicio.

En distintos eventos desarrollados en varias universidades del país; o a través en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales; en video-conferencias y actividades presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y por las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y   agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la decisión sentencial.

Para que recibamos, en las próximas semanas, una plena y congruente restitución hemos sostenido reclamos insistentes, desde hace más de un siglo, los cuales jamás han estado anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

Honor y gloria a los compatriotas que nos antecedieron en estas lides venezolanistas.

Siempre estuvimos dispuestos -previo a las respectivas comparecencias procesales en el citado Alto Tribunal- a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo   rediseñar las mejores estrategias a que hubo lugar para que la Corte admitiera los objetivos petitorios de reivindicación venezolanista.

No se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hicimos muy bien con reflexionar “en frío” y haber asistido a todas las comparecencias procedimentales por ante la Corte.

Hubo necesidad de convencer a un reducido grupo de connacionales para que dejaran las actitudes retrecheras o soberbias.

Las comparecencias por parte de Venezuela han sido de muchísima categoría e importancia.

Sin nuestra presencia, el juicio iba a continuar (nunca se ha paralizado) conforme al artículo (53) del Estatuto del Ente Juzgador.

Ya en espera de la sentencia definitiva, los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado, una vez que sea convocada la delegación venezolana para escuchar la audiencia del fallo. ¿Qué vamos a hacer a partir de tal evento?.

Veamos también lo siguiente. Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que determinantemente señala, en su artículo V, numeral (2):

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, agroindustriales, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.  Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses. Lo estamos percibiendo- mucho más-  en los últimos años, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas—que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

Hasta donde la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) nos permitió, recorrimos buena parte de esa inmensidad de territorio, y nos conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales; en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Waraos y Wapashi.

Agradezco, en lo personal, que nuestro trabajo de indagación académica ha sido suficientemente ponderado y reconocido; lo cual constituye honda satisfacción por una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; por cuanto,  requerimos juntar  talentos y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en reclamar y defender en las instancias a que haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que nos desgajaron, en un ardid tramposo; en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

Por propia experiencia – producto de mis visititas a la zona-- puedo mencionar que aflora una inmensa motivación por parte de los Esequibanos --que viven en esa parte de Venezuela-- para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos históricos con nosotros. Esos compatriotas tienen necesidad de saber, en esencia, cómo se conformaron desde el punto de vista político-administrativo. Ellos desean concienciarse qué fue lo que sucedió realmente. Así entonces, con tales fines, no piden que les expliquemos en qué consiste un documento llamado “Laudo de París” y otro denominado Acuerdo de Ginebra.