Luce natural que Mark Phillips, premier de Guyana, se muestre optimista ante la sentencia que está pendiente en torno al laudo que formalizó el despojo territorial de la Guayana Esequiba en 1899.

Sin embargo, a modo de ilustración, la peregrina tesis de la aceptación venezolana del despojo, por no decir desinterés, por más de medio siglo antes de 1962, sugiere la debilidad de los alegatos del vecino país ante la Corte Internacional de Justicia.

Por supuesto, el posible proceso de transición en nuestro país, no tendrá incidencia directa en la referida decisión, porque – así de simple -  lo hecho, hecho está. Y debemos sentir un legítimo orgullo por los esfuerzos, las orientaciones y los incontrovertibles fundamentos políticos, históricos, jurídicos y diplomáticos que heredamos de un siglo XX que los consolidó gracias a la viva y abierta polémica en torno al problema con todas las observaciones y fallas que puedan observarse.

La transición democrática es de interés para algo más que la reinstitucionalización del Estado o, como preferimos expresar, la reestatización, inspirada en una necesarísima reconstrucción de nuestra vida republicana. Claro está, incluye la reprofesionalización de la cancillería misma, el impulso de una distinta política exterior, a tono con la defensa real y efectiva de nuestra territorialidad.

La literatura especializada suele citar casos de transiciones que tuvieron que lidiar con un importante y hasta muy grave problemario territorial en una variedad de casos (Sudáfrica/Namibia, Bosnia/Yugoslavia, Kosovo/Serbia, Timor Oriental, etc.). Nada baladí es la relación cortocircuital entre transición política, legitimidad institucional, continuidad estatal y conflictividad territorial.

Conviene y mucho que sectores de la oposición sobria y responsable tomen de nuevo el caso esequibenio de cara a los desafíos pendientes, siendo imposible postergarlo en la agenda de trabajo. Y, esta vez, no para que aparezca como relleno ornamental según el documento final de uno de los tantos diálogos fracasados con el gobierno.