Hay momentos en la historia de los países en los que el cambio político no se mide por hechos consumados, sino por la recuperación de la esperanza.

Venezuela atraviesa hoy uno de esos instantes. No ha ocurrido aún una transformación política efectiva, no se han materializado mejoras salariales ni se ha recuperado el poder adquisitivo; sin embargo, desde los primeros días de enero se ha producido algo distinto: la percepción colectiva de que el estancamiento puede no ser eterno. En sociedades golpeadas por crisis prolongadas, esa expectativa —frágil pero real— es el primer movimiento del cambio.

Durante años, en Venezuela el salario dejó de ser una referencia de dignidad y estabilidad. La inflación desbordada, la informalización del trabajo y la destrucción del mercado interno pulverizaron cualquier posibilidad de planificación individual o familiar. El trabajador venezolano no solo perdió ingresos; perdió futuro. Sin embargo, incluso en contextos tan atípicos como el nuestro, la historia social demuestra que las personas comienzan a reaccionar cuando perciben que se abre una ventana, cuando aparece una señal, interna o externa, que reordena las expectativas colectivas.

La tutela política y económica del gobierno estadounidense, aun sin producir un cambio inmediato de poder, ha introducido un elemento decisivo: la idea de que la crisis venezolana no está condenada a la perpetuidad. Esta percepción no sustituye la política interna ni resuelve los problemas estructurales, pero cumple una función clave: devuelve racionalidad a la espera social. Cuando las personas creen que el mañana puede ser distinto, vuelven a exigir, a organizarse, a pensar en salarios dignos, estabilidad y derechos.

El salario, desde una perspectiva socialdemócrata, no es solo una cifra mensual. Es el puente entre la economía y la democracia. Un país donde el trabajo no permite vivir con dignidad es un país donde la libertad se vuelve abstracta. Por eso, cualquier proceso de cambio real debe tener como eje un aumento general e integral de sueldos y salarios, acompañado de estabilidad macroeconómica y control efectivo de la inflación. Sin estas condiciones, toda mejora es ilusoria y efímera.

En este contexto, la discusión sobre una nueva Ley de Hidrocarburos adquiere una relevancia estratégica. Venezuela posee recursos capaces de generar ingresos significativos, pero la experiencia histórica demuestra que la renta, sin instituciones sólidas, no produce bienestar. Una política energética moderna debe servir para financiar salarios dignos, fortalecer la seguridad social y reconstruir servicios públicos, no para reproducir viejas lógicas extractivas que solo profundizan la desigualdad y la desconfianza.

El verdadero desafío no es únicamente económico, sino político e institucional. Recuperar el salario implica recuperar el Estado; estabilizar la economía exige reinstitucionalizar la política. Sin embargo, no podemos olvidar que sin reglas claras, sin separación de poderes y sin libertades políticas y económicas plenas, no hay mercado que funcione ni justicia social que perdure. La democracia no se sostiene solo con elecciones, sino con condiciones materiales que permitan a los ciudadanos vivir sin miedo al empobrecimiento permanente.

Desde una perspectiva socialdemócrata, el camino del cambio en Venezuela pasa por reconciliar crecimiento con justicia social, mercado con regulación, libertad con igualdad de oportunidades. Hoy, las expectativas sociales vuelven a moverse. Convertir esa esperanza en realidad dependerá de nuestra capacidad para transformar la renta en bienestar, la política en institución y el salario en dignidad. El cambio comienza cuando una sociedad vuelve a creer que trabajar puede, otra vez, valer la pena.

IG, X: @freddyamarcano