| El espejismo de la amnistía |
| Escrito por Douglas C. Ramírez Vera | @AccHumGremial |
| Martes, 10 de Febrero de 2026 00:00 |
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Liberar a los presos políticos parece un acto de magnanimidad, un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, este gesto, de realizarse sin una acción previa fundamental, sería un espejismo político. Sería como abrir las celdas de una prisión, pero dejando intactos los muros del penal y el reglamento que permite encarcelar a cualquiera, en cualquier momento, por razones arbitrarias. La verdadera paz no nace de la clemencia condicional, sino de la justicia estructural. Y esta, en Venezuela, la realidad exige que sea creíble, como primer paso, ineludible la derogación del andamiaje legal de la persecución: las leyes: Resorte, contra el Odio y la llamada “Ley Bolívar”. Para comprender la profundidad de este argumento, debemos ir más allá de la coyuntura y preguntarnos por los fundamentos mismos de la vida en sociedad. ¿Qué es una ley? ¿Cuál es su fin último? Los cuatro pilares de la casa común La filosofía clásica, desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, entendió que la vida humana se estructura en torno a cuatro problemas o relaciones fundamentales, cuatro pilares que sostienen la “casa común” de la sociedad:
La función sublime y única de la política, por tanto, no es dominar, sino garantizar el marco de paz y libertad que permite a los otros tres pilares prosperar. Una ley justa, en palabras de Santo Tomás, es una “ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene a su cuidado la comunidad”. Su esencia es la racionalidad (debe ser clara y previsible) y su fin es el bien común (debe proteger la dignidad y la libertad de todos). El jurista romano Ulpiano lo resumió en una fórmula eterna: "Dar a cada uno lo suyo" (suum cuique tribuere). Lo “suyo” fundamental es el espacio para ejercer su humanidad en esos cuatro planos. La inversión venezolana: cuando la ley se convierte en el invasor Lo que ha ocurrido en la Venezuela actual es una perversión sistemática de este orden natural. Las leyes Resorte (2004), contra el Odio (2017) y la “Ley Bolívar” (art. 30 de la Ley Antibloqueo, 2020) no son herramientas para la convivencia. Son instrumentos de invasión y control que han corrompido cada pilar de la casa común. Han invadido el Pilar del Conocimiento (La Cultura): Estas leyes, de redacción deliberadamente ambigua, han criminalizado la búsqueda y expresión de la verdad. ¿Qué es “fomentar la zozobra” (Resorte)? ¿Qué es un “mensaje de odio”? ¿Qué significa “menoscabar” el valor del bolívar? La ambigüedad no es un defecto; es la característica. Permite que el poder interprete como delito cualquier crítica, análisis o sátira. Así, el pensamiento propio se convirtió en un “deporte extremo”, como bien lo describe el sentir popular. El humor, expresión máxima del ingenio y la crítica social venezolana, es hoy el “salto BASE” más peligroso. La historia de Laureano Márquez es emblemática: un politólogo, profesor universitario y humorista de vasta trayectoria, tuvo que optar por el exilio ante la persecución judicial. Su delito fue ejercer la phronesis (la sabiduría práctica) con humor. Otros, menos conocidos, han sido detenidos simplemente por cantar una parodia en la calle o por compartir un meme. La Ley contra el Odio, en la práctica, busca extirpar la verdad incómoda y la inteligencia libre. Han invadido el Pilar del Trabajo (La Economía): La economía, cuyo fin es ser útil para la vida, fue secuestrada. La “Ley Bolívar” es el ejemplo más grotesco: pretende, por decreto, prohibir la realidad hiperinflacionaria. Pero más allá de eso, el entramado legal ha servido para justificar expropiaciones arbitrarias, controlar el precio de las divisas y someter la actividad productiva a una lógica de lealtad política, no de eficiencia o servicio. Lo Útil fue puesto al servicio de la maquinaria de poder, empobreciendo a la nación. Han invadido el Pilar del Amor (La Familia): El clientelismo, financiado por la renta petrolera y administrado bajo este marco legal, ha buscado corromper los lazos sociales auténticos. El Estado se presenta como un padre proveedor que exige obediencia a cambio de migajas, debilitando la autonomía de las familias y las comunidades, y sustituyendo la solidaridad por la dependencia. Han traicionado el Pilar de la Convivencia (La Política): Al invadir los otros tres pilares, estas leyes traicionaron la esencia misma de la política. Dejaron de ser el árbitro que impide la violencia para convertirse en el origen de la violencia institucional. Ya no dan a cada uno lo suyo; le quitan al ciudadano lo más propio: su voz, su sustento, su seguridad jurídica. Como sentenció San Agustín, una ley que es injusta, “no parece que sea ley” (lex iniusta non est lex). Estas no son leyes; son, usando la dura expresión de Santo Tomás, actos de violencia legitimados en papel. La trampa de la amnistía: el laberinto con las puertas cerradas Ante este panorama, la propuesta de una amnistía aparece como una luz. Pero es una luz que puede cegarnos a la trampa. Imaginemos que se promulga. Los presos políticos salen de sus celdas. Sin embargo, al dar sus primeros pasos en libertad, se encuentran aún dentro del laberinto legal porque no son libres, son excarcelados, con presentación a los órganos judiciales. Otros salen tan maltrechos que no reconocen a su madre, a su esposa, ni tampoco, a sus propios hijos. Las paredes del laberinto —las leyes Resorte, Odio y Bolívar— siguen en pie, altas e infranqueables. El poder tiene intacta la llave para, en cualquier momento, reabrir cualquier celda para regresarlo; como inquilino. La amnistía sería, en el mejor de los casos, no una excarcelación sino un indulto temporal, una tregua condicionada a la sumisión futura. No cambia la naturaleza del juego, solo perdona una jugada pasada. ¿Qué periodista, artista o profesor podrá sentirse realmente libre para escribir, crear o investigar si sabe que la herramienta para criminalizarlo sigue vigente? La reconciliación no puede basarse en el miedo silenciado. Esta amnistía sin derogación sería, en esencia, injusta. Porque la justicia no es solo rectificar un daño pasado (liberar a los inocentes), sino, y, sobre todo, garantizar que el daño no se repetirá en el futuro. Una amnistía que deja vivas las leyes de la persecución no garantiza nada. Es ofrecer un curita para una herida, mientras se mantiene afilada la espada que la causó. El camino de la reconstrucción: derogar para restituir El camino hacia una paz estable y una justicia verdadera es más arduo, pero también más honesto. Debe seguir la lógica inversa a la perversión. El primer acto de justicia, el gesto fundacional de una nueva convivencia, debe ser la derogación expresa e irrevocable de las leyes Resorte, contra el Odio y el artículo 30 de la Ley Antibloqueo. Este no es un acto técnico; es un acto ontológico y político de la mayor envergadura. Significa:
Solo sobre este terreno limpio, despejado de los mecanismos legales del odio y la persecución, podrá edificarse una amnistía con sentido. Una amnistía que ya no sea un perdón condescendiente desde el poder, sino la ceremonia de cierre de un capítulo negro, jurídicamente clausurado para siempre. Sería el reconocimiento de que el Estado falló, que usó la ley contra su propio pueblo y que renuncia a hacerlo de nuevo. La disyuntiva venezolana no es, en el fondo, entre amnistía o no. Es entre espejismo o sustento. Una amnistía sin derogación es humo que se disipa, dejando intacta la estructura de la injusticia. La derogación es primero, el gesto fundacional que restaura el orden natural de la sociedad, aquel en el que la ley, por fin, vuelve a ser lo que siempre debió ser: la razón al servicio de la convivencia entre seres libres. Es la única manera de empezar a reconstruir, ladrillo a ladrillo, nuestra casa común. |
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