Iré a votar en el referendo porque la relación con Guyana no es un tema que le pertenece

a los restringidos y mezquinos intereses del Gobierno de Nicolás Maduro, sino un conflicto que nos incumbe a todos los venezolanos, y que le concernirá directamente a un futuro gobierno democrático, no importa cuándo este se constituya.

Es cierto que el régimen de Nicolás Maduro se sacó de la manga el comodín del Esequibo, que estaba dispuesto a utilizar en el momento más conveniente. Esa oportunidad le llegó: la arrolladora asistencia a la primaria del 22 de octubre y la emergencia de María Corina Machado como la líder indiscutible de toda la oposición. Frente a este fenómeno, era necesario apelar a una fórmula bastante convencional utilizada por los gobiernos autoritarios: estimular el patriotismo y el nacionalismo en una fase en la cual sus acciones tienden a la baja, el desprestigio es alto y la perspectiva de un cambio aparece con claridad en el horizonte. Esta forma de reducir los efectos benéficos de la Primaria y María Corina se notaron desde el momento en el que Miraflores le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) organizar la consulta popular.

Sin embargo, hay que recordar la frase de Woody Allen, el hecho de que yo sea paranoico no quiere decir que no me anden buscando. Es decir, el hecho de que el llamado al referendo consultivo constituya una maniobra oportunista y, como dice Allan Brewer-Carías, sea inconstitucional, no significa que el conflicto con Guyana no exista y que el Esequibo no le pertenezca a nuestro país desde la creación de la Capitanía General de Venezuela, en 1777. Tampoco invalida la circunstancia de que el Laudo Arbitral de París de 1899 constituyó un aquelarre de Inglaterra y otros países europeos para despojar a Venezuela de ese territorio del cual es legítima dueña.

En la zona en reclamación, especialmente en la plataforma marítima, en 2015 se descubrieron ricos yacimientos de petróleo y gas, y de algunos minerales preciosos. A partir de ese momento, se intensificó el forcejeo entre Caracas y Georgetown por la acreditación legal de ese territorio. Guyana insiste en que el Laudo de París es la única figura legal que acepta para fijar sus fronteras con Venezuela; mientras Caracas subraya que en el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana admitió revisar aquel Laudo, cosa que ahora se niega a admitir. En vista de que la controversia fue in crescendo y que los buenos oficiantes de varios países fracasaron en su intento de conciliar las partes, la discusión pasó al secretario general de la ONU, António Guterres, quien luego remitió la polémica a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia que se declaró competente para conocer el caso y tomar una decisión definitiva al respecto. Esta fórmula cuenta con el respaldo internacional, y de la propia Guyana, en vista de que las conversaciones bilaterales entre Caracas y Georgetown no han prosperado.   

En medio de este cuadro presentado de forma sintética fue convocado el referendo sobre el Esequibo.   El Gobierno ahora se da baños de nacionalismo, después de haber abandonado el tema durante años y luego de que Hugo Chávez le hiciese concesiones indebidas a Guyana en distintos momentos. En 2004, en una visita a Georgetown, llegó a declarar que no objetaba que Guyana explotase la zona en reclamación, si esa explotación servía para beneficiar al pueblo guyanés. Ahora se ven las consecuencias de semejante irresponsabilidad: Guyana ha ido apropiándose de ese territorio, en asociación con las empresas trasnacionales encargadas de extraer petróleo y gas.

El referendo del 3-D pretende encubrir la ineficacia de la política internacional de la era Chávez-Maduro y darle un giro guerrerista a un impase que debe dirimirse siguiendo los lineamientos del Acuerdo de Ginebra y la defensa de esa área ante la CIJ. Tanta ha sido la incompetencia de la diplomacia de Maduro, que hasta los países del Caricom y Cuba, subsidiados por el crudo barato que les ha otorgado Venezuela, le han dado la espalda al mandatario venezolano y están apoyando las aspiraciones de Guyana.      

Iré a decir que SÍ a la primera pregunta porque me opongo a la línea impuesta de forma fraudulenta por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de la Guayana Esequiba. Iré a votar SÍ en la segunda pregunta porque apoyo el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana.

El resto de las preguntas las responderé con un categórico NO porque –tercera pregunta- estoy en desacuerdo con que el régimen de Maduro desconozca la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial.  Ese desconocimiento perjudicaría gravemente los intereses nacionales, aislaría a Venezuela del contexto internacional y debilitaría nuestra posición. Estoy en desacuerdo –pregunta cuatro-  en “oponerse por todos los medios” a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar. No creo conveniente darle al régimen de Maduro argumentos para atacar militarmente a Guyana. Finalmente, me parece un error garrafal la creación del estado Guayana Esequiba –pregunta cinco-, que dicho estado forme parte del mapa del territorio venezolano y darles cédula de identidad a sus habitantes. Esto sería una declaración de guerra al país vecino. 

En resumen, comparto la postura de Rocío San Miguel. Votaré SÍ las dos primeras interrogantes y NO, las últimas tres. Y le exijo al Gobierno que respete mi voto.