El año 2010 ha comenzado con señales preocupantes, dentro de un clima de deterioro en materia de libertad de expresión y derecho a la información. El hecho de que sea éste un año electoral, y en el cual además se juega una posición estratégica por el control de la Asamblea Nacional, le otorga una connotación política a lo que ha venido ocurriendo. A medida que ha decrecido el apoyo popular para el presidente Hugo Chávez, éste ha dado otra vuelta de tuerca en su plan de establecer un modelo de hegemonía y control sobre la comunicación e información. Un escenario de disputa electoral cerrada para septiembre, cuando tendrán lugar las elecciones parlamentarias, ayuda a explicar la serie de acciones que buscan cerrar espacios para la crítica pública, pese al costo político que tienen tales medidas.

Dos hechos resaltan de forma significativa en estas primeras semanas de 2010. En primer lugar, el cese de las transmisiones del canal Radio Caracas Televisión Internacional a través del sistema de televisión por suscripción. A todas luces, y eso ya lo habíamos alertado meses atrás, la pretendida regulación del cable no era otra cosa que una cortina de humo, el fin último era sancionar a este canal, y de esa forma enviar un mensaje al ecosistema de medios: quienes no ceden en su línea editorial serán castigados. No debe resultar llamativo, entonces, que de los centenares de medios audiovisuales que entran dentro de la providencia aprobada en vísperas de Navidad por Conatel, sólo Radio Caracas Televisión Internacional haya sido el medio castigado. En esta oportunidad, el Gobierno recurrió a las presiones sobre las empresas de la TV paga, de esa forma lanza su excusa: no hemos sido nosotros, el Gobierno, fueron las empresas que tomaron la decisión.

Tendría que vivirse en otro país, para no darse cuenta de que ese segundo blackout, ejecutado a medianoche y sincronizado por todas las empresas de la televisión por suscripción, en realidad respondió a una decisión política del Gobierno.

Este segundo blackout de RCTVI priva a los sectores opositores de una plataforma de exposición mediática en medio de un año electoral, en el cual se evidenciará la desigual fuerza comunicacional, que hoy juega a favor del Gobierno.

No se trata solamente de que el gobierno de Chávez cuente con más medios, que es un asunto central en la Venezuela de hoy, pues multiplicó el número de estos bajo su administración, sino que a la par se ha logrado crear un clima de autocensura. El sector de la radio es sintomático: después del cierre de las 34 estaciones en julio, hubo un reacomodo generalizado. La radio venezolana es, en líneas generales, menos crítica, más complaciente con el régimen. Tal como quería Diosdado Cabello, dedicada a entretener con menos opinadores.

Entretanto, la reciente salida de Alberto Federico Ravell de la dirección general del canal Globovisión, puso en evidencia otra línea de acción oficial: presionar para un cambio en la línea editorial de un medio, llegando incluso al chantaje de los propietarios en relación con otras actividades empresariales de estos.

Ravell, con el estilo que le caracteriza, puso el tema sobre el tapete público, sin embargo, cabe preguntarse sobre cuáles otros medios se produjeron presiones similares por parte del Gobierno y sencillamente los empresarios decidieron bajar la cabeza para no ser molestados.

Es difícil creer que este esquema chantajista, para cercar la libertad de expresión y especialmente el derecho ciudadano de estar informado, sólo sea una excepción y se haya aplicado exclusivamente a Globovisión.

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