Los medios internacionales versan sobre el millón de hectáreas que la usurpación venezolana ha cedido a Irán,

destacando que el territorio de los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda, Trujillo, Nueva Esparta, Yaracuy, Distrito Capital y las dependencias federales, individuamente, no llegan a la impresionante cifra. Así, paulatinamente, conocemos de los resultados de la reciente visita que ha hecho Maduro Moros a los persas.

Presuntamente, los acuerdos tienen una vigencia mínima de veinte años, siendo preciso observar que los nexos de ambos países, en realidad, sólo comprometen a sus actuales gobiernos.  Abusando del adjetivo, curioso régimen progresista el venezolano que celebra sus coincidencias con una teocracia de las características consabidas, o a la inversa.

La opinión pública no sabe de pormenores y quizá nunca lo sepa, satisfecha con la sola noticia de la regular importación de gasolina. Cual asunto de seguridad y defensa de la nación, pocos podrán enterarse de los detalles de la entrega nada más y nada menos que de una buena porción de nuestro territorio que estará probablemente bajo el exclusivo resguardo de agentes iraníes, valga la paradoja. 

En décadas muy lejanas,  la sola concesión de grandes hectáreas para la exploración y explotación petrolera, por ejemplo, enervó a muchos de los que denunciaron la inmediata desnacionalización de Venezuela. Obvio, cabe preguntarse  por qué el millón de hectáreas de hoy no conforma un enclave económico parecido de hacer caso de la vasta literatura de los marxistas y dependentólogos que le rezan todavía a Eduardo Galeano.

De la mayoría de los acuerdos comerciales suscritos por nuestro país en el presente siglo, poco se sabe respecto a sus aspectos muy concretos técnicos, financieros y estratégicos, e Irán no es la excepción, aunque goce el hospedaje de sus intereses goce de una publicidad tan amable. Habrá que recurrir a los expertos, hacer minería de datos, deducir la verdad de la maraña de mentiras, a objeto de perfilar un enclave que amerita de la correspondiente investigación parlamentaria.