Gracias a la amable invitación del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), asistimos – poco más de mes y medio atrás –

a una reunión conjunta de la dirigencia nacional de los gremios docentes, administrativos y obreros de las universidades públicas y autónomas. Valga la acotación, llamó nuestra atención que los gremios del trabajo tuviesen a representantes con estudios de pre y post grado, como – siendo tan natural - no siempre se supone. 

El personal administrativo y obrero aspira al reconocimiento de su activa participación en las decisiones de la comunidad universitaria, aunque ésta – a propósito de la autonomía – está sólo caracterizada por el concurso de los profesores, estudiantes y egresados, según el artículo 109 constitucional. Vale decir,  desde el principio, así lo concibió el propio régimen. No obstante, fracasado en cualesquiera eventos electorales en las casas de estudio, ha maniobrado incansablemente para ampliar a  la comunidad, imponer la tesis del derecho político por encima del derecho académico y, en definitiva, desconocer la autonomía universitaria misma.

Por la precariedad o debilidad de su dirigencia universitaria trastocada en improvisada y burda clientela, el oficialismo ha dispuesto del aparato judicial para violentar, desde su sala constitucional la Carta de 1999.  Y, con la fuerza laboral, pretende hacer la diferencia en los comicios que ordenó celebrar al principiar 2020, manipulada la nómina hasta consagrar a los trabajadores temporales como electores, susceptibles del consabido y – por cierto -  efímero bombardeo de prebendas (el CLAP, por ejemplo), y enrevesado el concurso de los egresados que, hasta por su domicilio,  permite una calculada y conveniente participación, como lo refiriera el ex – rector Pedro Aso, en un memorable foro realizado en Sartenejas. 

Es necesario discutir y calibrar  la participación de los trabajadores en el destino de la universidad venezolana, lo cual ameritaría de una reforma constitucional en el caso que hubiese consenso, aunque debe hacerse en el momento oportuno. La dictadura que ha destruido el ingreso real de cada venezolano, por ejemplo, sólo los desea como un vulgar pretexto y arma para destruir la universidad, mucho más de lo que ha logrado en dos décadas.

Por ello, nos parece importante y ejemplarizante la diligencia que ha hecho el gremio profesoral de la Simón Bolívar junto al de los estudiantes y egresados, para convencer a  empleados y trabajadores de la inoportunidad del planteamiento y la necesidad de remar juntos para que salvar – literalmente – el propio lugar de trabajo.  Quizá Sartenejas, añadido el colaboracionismo de varias de sus autoridades, sea el único escenario donde se libra una convincente y militante lucha por la defensa de la universidad y su autonomía.