Una vez más abordo el tema de la justicia penal utilizada como arma para contener, neutralizar y sacar de circulación al adversario político. Se trata de un recurso económico y de una fuerza expansiva extraordinaria. El Derecho Penal es la medida extrema con la que cuenta el Estado para reprimir aquellas conductas que afectan bienes o valores de la sociedad que no pueden ser contrarrestadas de otra manera, por lo cual se exige la imposición de "penas", por la entidad y modalidades de esos ataques.

Ahora bien, siendo así que se trata de la máxima reacción del ordenamiento jurídico de un Estado y que las penas que prevé afectan la libertad de las personas, se impone su utilización racional con todas las garantías que consagra la Constitución.

La normativa penal, a pesar de su importancia y por ser una parte de la respuesta del Estado al fenómeno de la delincuencia no constituye el remedio contra la inseguridad a través de la severa amenaza de penas que se traducen en el encierro en los antros subhumanos llamadas "prisiones".

La inseguridad en la que vivimos obedece a múltiples factores, pero, sin duda, contar con un sistema de justicia penal eficiente y garantista puede ser una herramienta de suma utilidad para reducir a términos razonables la criminalidad, en la medida en que, fundamentalmente, garantice un proceso transparente y breve, al que siga una decisión expedita, creíble y que, en caso de condena, ésta se cumpla efectivamente.

Todo lo dicho nada tiene que ver con nuestra realidad. La justicia penal venezolana es ineficiente, lenta, insegura; la comunidad no confía en ella; los procesos no marchan y por ello, no hay sanciones por hechos graves, constituyendo la impunidad una de las más graves enfermedades sociales de nuestro tiempo.

Por otra parte, se ha desvirtuado el sistema penal para ser utilizado como arma para amedrentar a los adversarios, convirtiendo la justicia penal en un instrumento que se propone inhibir el ejercicio de derechos, a través del recurso a fórmulas vagas contenidas en tipos penales, lesivas al principio de legalidad; a la interpretación caprichosa y arbitraria de términos equívocos contenidos en la ley o al desconocimiento del verdadero sentido de determinadas normas, todo en función de proponerse el castigo de quienes son considerados como peligrosos para el régimen imperante, lo cual equivale a convertir en delito y en delincuentes a quienes atentan contra el "sano sentimiento socialista del pueblo" o actúan con "fines desestabilizadores", en franco desconocimiento del Derecho Penal que nos rige, de hechos y no de simples intenciones o sospechas, protector de bienes jurídicos y no sancionador de voluntades rebeldes.

Pero, además, estas conductas de disidencia se constituyen en objeto de procesos kafkianos, que nunca terminan, con la pronta aplicación de "medidas cautelares" que son "penas cautelares", salvo que se consiga el efecto de que el investigado opte por aceptar la pena del exilio, con lo cual ve afectada su condición de ciudadano para convertirse en refugiado o exiliado.

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