La voracidad fiscal que ha caracterizado al Estado Cuartel que nos rige hasta ahora no ha tenido límites.

En su afán de paliar el déficit que trastorna el tesoro nacional, cualquier maniobra financiera ha sido puesta en práctica, burlando de forma reiterada el texto constitucional. Mientras el país se debate en la crisis política y económica que pareciera no tener salida en el corto plazo, los negocios a costa del interés nacional siguen a la orden del día. El decreto de creación del llamado Arco Minero que abarca una amplia franja de más 111 mil km²  al sur del río Orinoco en el estado Bolívar, es la muestra más dantesca de la expoliación a la que ha sido sometido el país desde el arribo al poder del chavismo en 1999. Arrasaron con los recursos extraordinarios generados del petróleo, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela, el patrimonio de PDVSA e incrementaron la deuda externa a niveles monstruosos y pese a ello, siguen ávidos en seguir destruyendo todo a su paso. Es sin duda la estrategia de la tierra arrasada.

Como siempre la mentira oficial está puesta al servicio para publicitar como un “logro de la revolución” el nuevo “motor económico” que marcha con criterio “ecosocialista”. El ya experto en prebendas burocráticas, Jorge Arreaza Monserrat, ha dicho con desparpajo que el arco minero “podía ser más rentable de lo pensado”. Cuestión que entre otras cosas, pone de relieve la improvisación y la falta de estudios técnicos que se supone debió anteceder la medida oficial.

Nada de eso se hizo, pues no interesa, lo importante es satisfacer los poderosos intereses transnacionales que aliados al régimen, en este momento están llevando a cabo lo que será conocido como el mayor desastre ecológico de esta parte del continente. Es el arco de la perdición que arrebata a las futuras generaciones, no solo de venezolanos sino de la humanidad toda, una vasta reserva natural que a duras penas Venezuela procuró conservar a salvo.