¿Qué peligros tiene el nuevo proyecto de ley del Consejo Federal de Gobierno, que se gesta en secreto en el Consejo de Ministros? ¿Qué se esconde detrás de ese instrumento para regular un órgano de planificación que al régimen durante una década no le ha interesado en nada? Es evidente que con esta ley, pudiera pasar algo parecido a lo acontecido con la ley de Educación: que el texto que se prepara en secreto no se parezca en nada al sancionado por la Asamblea Nacional en junio de 2005. El gran peligro es que la ley se diseñe, no como un mecanismo del Estado Federal descentralizado, sino como un instrumento del Estado comunal que se adelanta en Venezuela desde el año 2006, al margen de la Constitución vigente.

En consecuencia, es necesario estar vigilantes, para que la ley que se anuncia respete las características del modelo federal cooperativo, en el que las autoridades de los distintos niveles político-territoriales y las comunidades en general participen en la formación de las políticas públicas, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. La ley no debería en ningún momento menoscabar la acción de gobierno ni las competencias de los estados y municipios en su relación con el poder nacional. Sería inaceptable que la ley sirviera para que las autoridades regionales establecidas en la ley Orgánica de Administración Pública o los nuevos "vicepresidentes" inconstitucionales e ilegales, como el de desarrollo endógeno territorial, menoscaben la autoridad y legitimidad de los gobernadores y alcaldes.

Asimismo sería muy grave, que los consejos comunales, las comunas o las regiones socio-económicas, desplacen a los estados y municipios, únicas personas jurídicas autónomas con derecho a representación en ese Consejo Federal. Igualmente sería muy peligroso que a la Comisión Central de Planificación se le atribuyeran funciones que limitaran la autonomía de los estados y municipios en la asignación e inversión de sus recursos. Por todo ello, los consejos legislativos, los gobernadores y alcaldes y la comunidad en general, deberían exigir desde ya a la Asamblea Nacional, el cumplimiento del artículo 206 de la Constitución, que obliga a ésta a consultar a los estados "cuando se legisle en materias relativas  a los mismos". Basta ya de madrugonazos legislativos.     

Fuente: La Verdad