A un paso del 4° trimestre del año 2009, observamos con tristeza y rabia que no hay una sola empresa que el gobierno de Chávez haya confiscado, expropiado o retirado de la producción formal, que estén dando resultados económicos positivos.

 La situación del agro venezolano, es más que evidente. Es necesario recordar que antes del mes que Hugo Chávez asumió el poder por los votos de unos cuantos irresponsables, que no le vieron la costura, pese a que hizo todos los esfuerzos para que lo reconocieran como el golpista mayor, al tomar el micrófono con el inolvidable “por ahora no se ha logrado el objetivo” y se metió en el museo militar ubicado en el cerro de El Calvario en El Silencio, Caracas, comenzaron las invasiones a fincas en producción en los principales centros agropecuarios de Venezuela.



Entonces, la producción de arroz era superabundante, al punto que se hacían exportaciones para varios países, incluido Colombia. Se había logrado mejorar la producción de azúcar. Se cubría completamente el mercado interno de hortalizas, frutas y muchas materias primas para la industria de alimentos, especialmente maíz, sorgo. Se mantenía una situación deficitaria en materia de leche y aceite vegetal comestible.

En ganadería se estaba cubriendo la demanda y solo se importaba una pequeña porción para uso industrial. Las aves, huevos, cerdos y productos del mar cubrían en forma satisfactoria la demanda. De igual manera café y cacao.

En este momento, es una vergüenza nacional, que nuestra canasta alimentaria es importada. Las cifras oficiales hablan de compras mil millonarias en el exterior.

Ni hablar de bienes de consumo elementales como vestido y calzado, en vez de estimular la producción de calzado y telas para la confección de ropa que hasta finales de la década del ’90, era un orgullo por su reconocida calidad y belleza, se compra en Brasil y China.



El año pasado Cavidea, presentó al país y al gobierno un plan a 10 años, para restituir la producción suficiente de alimentos y materias primas para la fabricación de alimentos, con lo cual al tiempo de recuperar el control de la seguridad alimentaria, se generaban puestos de trabajo en el medio rural y en los complejos agroindustriales así como en los centros de distribución.

Y lo más grato: se ahorrarían divisas mal gastadas en las importaciones y todo el negociado que envuelve las compras masivas en el exterior.

Las industrias básicas asentadas en el estado Bolívar, son otra muestra del desbarajuste que hay a raíz de las estatizaciones, que mantienen en pie de lucha a los sindicalistas que le dieron carta blanca al gobierno de Chávez, para que se deshicieran los contratos con firmas nacionales e internacionales, para que formaran parte de la hegemonía empresarial del gobierno, en ese jueguito entró Sidor, hecho que agrió un poco las melosas relaciones gobierno chavista-gobierno argentino, pero que tuvo un final feliz cuando les pagaron a los argentinos completico y un poco mas. Los que han quedado ensartados son los trabajadores que con la primera negociación lograron formar parte de la junta directiva con un 20% de las acciones. Lo que pasa es que no supieron leer bien las líneas chavistas…………..”aquí no hay más propietarios que el Estado”, creían que eso se aplicaba a otros, a los de Fedecámaras y empresarios no afectos al chavismo. Ahora aparecen en los pocos medios audiovisuales que les dan cabida para denunciar su desgracia. Esperan meter miedo al gobierno y que les paguen sus reivindicaciones completas y a tiempo.

Siguen las amargas experiencias con otras empresas de servicios que también ahora son todas toditas del gobierno, ejemplo: Electricidad de Caracas y Cantv.

Cada día somos testigos de la “caída del sistema”, en los puntos de pago de cada una de esas empresas; así como en los bancos. Y los apagones, están a la orden del día en cualquier rincón de Venezuela, con el consecuente inconveniente y pérdidas por equipos dañados. Que casualidad, cuando esas empresas estaban bajo el control técnico y administrativo de propietarios privados, la incidencia en las fallas era casi nula.

De hecho, la opinión pública observa con preocupación el avance del cambio de propietarios privados a funcionarios del gobierno, porque no mejora la eficiencia en la gestión que se pueda comprobar con mayor producción de bienes de consumo y servicios. Tampoco hay mejor tratamiento a los trabajadores de las empresas estatizadas, ni generación de nuevos puestos de trabajo formal.