Dando por descontado, en primer lugar, la estricta observancia constitucional, única garantía de convivencia pacífica a lo interno de Venezuela, una vez restaurado el régimen democrático de libertades, estimo pertinente referir los pasos consecuentes al logro de lo que no se pudo el 11 de abril.
Menciono esa fecha, considerando que fue esta la ocasión más favorable al restablecimiento constitucional en nuestro país. Como referí en anterior escrito, un aspecto que estimo perjudicó en gran medida el antedicho proceso de transición, fue el relativo al destino del teniente coronel socialista Hugo Chávez. En su oportunidad expresé mi conclusión en cuanto a la pertinencia política de cumplir el deseo de aquel por un traslado a Cuba, con su solicitada provisión de dólares estadounidenses.

Superada esa primera hipótesis, dentro de un vasto plan de transición constitucional, de excelentes resultados prácticos por cierto, en similares casos de socialistas en gobierno, verbigracia: Jean Bertrand Aristide en la República de Haití, y el recientemente defenestrado José Manuel Zelaya Rosales en su correlativa de Honduras, es menester asumir la cuestión del orden público.

Como se indicó al inicio, el fiel acatamiento del texto constitucional no deberá admitir excepciones salvo las necesarias licencias ínsitas al 350, en el entendido que el próximo gobierno de transición será igualmente producto de una rebelión popular, única vía posible de concreción, para la restauración de la Carta Magna, ante un socialismo en gobierno.

El necesario el mantenimiento del orden público y la paz social, aparte de su importancia, resulta de particular interés, teniendo como referente los fallos en la transición de 2002, en comparación al reciente ejercicio gubernativo en la República de Honduras.

Mientras la transición encabezada por el licenciado Pedro Carmona Estanga buscó transitar una "normalidad constitucional", incluso amparando en puestos militares clave a cercanos del socialismo, en la errática creencia de una institucional obediencia; el gobierno interino de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, ex presidente del Parlamento de ese país; una vez que asume el poder por vía constitucional, decreta un "toque de queda" como medida indispensable para el mantenimiento del orden público y la paz social, pues conoce la naturaleza terrorista del socialismo recién defenestrado.
Vale recalcar, que tal procedimiento de seguridad interna lo ejecuta un gobierno interino que goza de pleno respaldo por parte del Poder Público en su país, en momentos cuando el rechazo al socialismo gobernante alcanzaba su mayor nivel.

Lo anterior, permite ratificar la necesidad que tendremos en Venezuela en cuanto a que el próximo gobierno de transición decrete oportunamente el estado de excepción consagrado en el artículo 337 constitucional, a modo de evitar las consecuencias del terrorismo socialista, muy conocido por los venezolanos a lo largo de estos 10 años.

Del éxito en la ejecución de ese procedimiento de excepción en materia de seguridad interna, dependerá el siguiente paso, necesario a una transición democrática: la celebración de comicios libres y justos, que paulatina y ordenadamente conformarán la nueva institucionalidad democrática en la República de Venezuela. ORA Y LABORA.

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