Las denuncias precisas y bien documentadas del antiguo verdugo del chavismo, Eladio Aponte Aponte, deben de mantener muy preocupados a algunos cuantos jerarcas del régimen. No se trata de un conjunto de acusaciones aisladas de un facineroso desacreditado, sino de la convergencia de un conjunto de señalamientos por parte de medios de comunicación y generales retirados del Ejército, que en su momento gozaron de un sólido prestigio en la institución castrense.

Mediante esas filtraciones se ha venido develando la tupida madeja de asociaciones y complicidades que permitieron crear poderosas redes de narcotraficantes que se disputan el pingüe negocio de las drogas. Desde hace más de una década se sabía que las FARC y ELN utilizaban el occidente del país para pasar la droga que luego iría a Europa y Estados Unidos. La conexión venezolana operaba como un socio menor, relativamente secundario. En la medida que los grupos guerrilleros colombianos  vienen siendo asfixiados por el Ejercito neogranadino, los irregulares han tenido que reconocer la importancia estratégica de sus cómplices vernáculos y han debido aceptar nuevas condiciones en el negocio. Ya los venezolanos no son socios tan pequeños.

Según apunta el general Carlos Julio Peñaloza en un documento que circula por Internet, estaríamos en presencia de poderosos carteles que decidieron librar un enfrentamiento sin cuartel por el control de circuitos completos. Los asesinatos de Jesús Aguilarte y Wilmer Moreno parecieran formar parte de esta confrontación, algunos de cuyos protagonistas serían, en principio, el ex fiscal prófugo, Walid Makled y los generales incriminados por Aponte Aponte.

Makled ya tuvo su pasantía en USA donde dio algunos cuantos datos muy interesantes, hoy en manos de la DEA, la CIA y el Departamento de Estado. Ahora le tocó a EAA aportar nuevas informaciones que abultan el expediente de los implicados. La pregunta obvia es la siguiente: ¿qué harán esos acusados ante un panorama donde la salud del caudillo presidencial se deteriora a ritmos agigantados y existe la probabilidad, cada vez mayor, de que el oficialismo pierda las elecciones del 7-O?; ¿esos jerarcas, civiles y militares, se quedarán esperando que se produzca el cambio de gobernantes para enfrentar la eventualidad de ser juzgados por un delito perseguido y condenado internacionalmente?

Los forajidos no suelen ser tan pasivos, sobre todo cuando la abulia puede llevarlos al patíbulo. Esos altos oficiales pueden estar tramando algo no  contemplado en la Constitución, ni en la vida democrática. Esta sospecha es lógico que la tengan tanto la oposición como el gobierno y el PSUV. Las rupturas institucionales pueden ser promovidas por protegidos del régimen que, de pronto, perciben que la claque dominante corre e peligro de derrumbarse, y ellos verse arrastrados por la pendiente hasta perder sus privilegios y aterrizar en un calabozo.

Frente a esta hipótesis nada despreciable -según Marianella Salazar, mucho más que una simple conjetura- el chavismo, con la guía de Fidel Castro, optó por acusar a la oposición de “golpista”. Bien sabe el Gobierno que la oposición no tiene ni la más remota posibilidad de propiciar o dar un golpe de Estado. Luego de los sucesos de abril de 2002 y del  lamentable episodio de la Plaza Altamira, los oficiales que expresaron sus simpatías con los sectores democráticos quedaron anulados: fueron desplazados hacia el interior del país sin mando de tropa, los colocaron en cargos burocráticos, los enviaron al exterior o los dieron de baja. Quienes hoy comandan la FAN son los antiguos compañeros de Chávez y de Diosdado Cabello. Los oficiales genuinamente comprometidos con la Constitución y las instituciones democráticas han sido obligados mantener silencio frente a los abusos y atropellos cometidos a diario por los generales y otros altos mandos que han politizado a la institución armada, sometiéndola a los designios de Miraflores y del PSUV. Después de 2005 los sectores democráticos se apegaron a la vía electoral y no se han apartado de ella en ningún momento.

El único sector de la nación capacitado para dar un golpe de Estado   –autogolpe- es el chavismo, en cualquiera de sus facciones: Esta realidad fue percibida claramente por Hugo Chávez, por eso decidió crear el Comando Antigolpe y, más reciente, activar el Consejo de Estado. Estos organismos persiguen encubrir y justificar, en el caso de que resulte inevitable para ellos, el autogolpe bajo la modalidad del aplazamiento indefinido de los comicios presidenciales. El escenario de violencia previsto por Wilmar Castro Soteldo puede surgir en cualquier momento. Claro, violencia promovida por el chavismo.

@tmarquezc