En  una de sus acostumbradas intervenciones, el Ejecutivo anunció al país el nuevo salario mínimo nacional que regirá para lo que queda del año 2012. La noticia de ajuste escalonado (una porción en mayo y otra en septiembre) para un total de 32,25% no fue sorpresa. Como ya viene siendo costumbre, la fijación del salario mínimo se produjo sin involucrar a los trabajadores; es decir: sin tomar en cuenta la concertación social.

La visión sostenida desde Miraflores involucra un análisis cuantitativo que parte de febrero de 1999, cuando el salario mínimo mensual era de 100 bolívares hasta su proyección en septiembre de 2012, cuando superará la barrera de los 2.000 bolívares. El Ejecutivo añade a esta cifra el beneficio de alimentación para los trabajadores, a tenor de lo cual propuso la conversión a dólares según la tasa oficial. El Ejecutivo asegura que este cambio nos pone en una situación privilegiada en América Latina.

Sin embargo, parte de los trabajadores del país, a través de las organizaciones sindicales, realza la insuficiencia del nuevo salario mínimo al afirmar que no alcanza para cubrir la canasta básica, y hace énfasis en que a partir del Primero de Mayo de 2012, el ajuste equivale apenas a 7,74 bolívares diarios.

A su nueva decepción laboral, se añade la preocupación por el anuncio de un posible Fondo Único de Prestaciones Sociales en la futura y clandestina reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), así como las heridas que siguen abiertas en el sector público por la mora reiterada del patrono en el cumplimiento de las obligaciones laborales adquiridas y en la discusión de convenciones colectivas del trabajo. En esta oportunidad, el patrono ha sido más sigiloso y prudente en su reacción, y esto se debe básicamente a dos razones. La primera es presupuestaria; es decir: en la mayoría de los casos el ajuste ya estaba incorporado en su estructura de costos de 2012. La segunda surge porque su mirada se mantiene atenta al impacto de la próxima reforma de la legislación laboral.

En Venezuela, el factor cuantitativo laboral mínimo ­y por tanto más óptimo para el patrono­ implica, a la luz de la legislación actual, que por cada bolívar de salario se generan 54 céntimos en pasivos laborales directos. No obstante, la cifra promedio empresarial es aún mayor, pues asciende a 75 céntimos por cada bolívar de salario.

A partir de mayo, en el escenario menos favorable, cada trabajador representará mensualmente la cantidad aproximada de 2.742 bolívares sin añadir ningún gasto adicional (comisiones por servicios, gestión de nómina y obligaciones laborales, pago de indemnizaciones adicionales por finalización de relación de trabajo, entre otros).

En definitiva, los estímulos patronales para dar aumentos salariales han sido sustituidos por una mayor carga de obligaciones y desembolsos de origen legislativo, lo que acarrea que se esfuerce principalmente en tratar de atenuar la inflación y no quedar por fuera de un estratégico percentil de mercado.

No obstante, el solapamiento de las estructuras salariales a la cubana es cada vez mayor y se verá más acentuado después de la reforma de la LOT.

La prohibición legal expresa no permite mencionar ninguna tasa de cambio distinta de la oficial.

Sin embargo, basta mirar la inflación que ha acompañado todos los ajustes desde 1999, cuyo porcentaje ­a pesar de los controles existentes­ es mayor en el rubro de alimentos (precisamente en aquellos en los que los estratos bajos destinan hasta 80% del presupuesto mensual) para entender que el salario mínimo sigue siendo anodino.

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