Es una verdadera vergüenza que la nueva Ley Orgánica del Trabajo esté rodeada del mayor de los misterios como consecuencia de una genuflexión sindical sin precedentes en nuestro país, gracias a la cual se le otorgó al Presidente la potestad de legislar en materia laboral, aprovechando un atajo de dudosa constitucionalidad como lo es una Ley Habilitante aprobada para atender emergencias por las lluvias.

Los dirigentes de la gobiernera Central Socialista de Trabajadores, que apenas representa a una parte de los funcionarios públicos del país, usurparon la voluntad de todos los asalariados venezolanos, quienes en 70% o más no pertenecen a organización sindical alguna.

Es la primera vez en la historia del movimiento laboral que el patrono mayor, el Estado, tiene en sus manos la potestad de dictar ­ese es el verbo adecuado­ una Ley del Trabajo, a solicitud de los burócratas sindicales de turno. Ni siquiera la cuestionada CTV lo hizo en tiempos de la mayor hegemonía política adeca. Su dirigencia, al menos, se atrevió a convocar un paro para condenar las políticas económicas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Tal irresponsabilidad de la dirigencia sindical pesuvista podría traducirse en una legislación laboral aliñada con algunos cuantos caramelitos que satisfagan el paladar de los trabajadores, pero a la vez con el peligro de que se cuelen entre esas golosinas algunas chupetas de ajo o caramelos de cianuro. Y a ello se le suma la tenebrosa propuesta de darle al Estado el manejo de los fondos de prestaciones de los trabajadores tanto del sector público como del privado, cuando sabemos del calvario que representa para un empleado estatal reclamar el pago de sus prestaciones. Al parecer, ante la alarma creada, podría quedar sin efecto esa tentativa de meterle mano a las prestaciones de los trabajadores, a riesgo de que un nuevo Illaramendi, como pasó en Pdvsa, se vaya con la cabuya en la pata.

Pero una nunca sabe.

Lo cierto es que eso de dejar que el Gobierno redacte una Ley del Trabajo, como si estuviéramos en una dictadura y no existiera un mandato constitucional para que esa tarea la cumpla la Asamblea Nacional, es un acto de traición a los trabajadores, porque pone en peligro conquistas como el derecho a huelga, la libre asociación sindical y el derecho a la contratación colectiva. Más allá del contenido final de esa ley, el procedimiento utilizado es antidemocrático, antisindical y, en mi criterio, contrario a la voluntad expresada en una clara disposición transitoria de la Constitución aprobada por el pueblo en referéndum.

En lo personal, me merecen mucho respeto algunos integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la redacción de esta ley, pero insisto en que se ha sentado un precedente peligroso. Uno más, entre muchos, tal vez, pero se trata de la ley de mayor impacto social y económico en el país, de una ley directamente vinculada a derechos que ayudan a distinguir entre una nación democrática y otra que no lo es.

En una democracia, las formas son tan importantes como el contenido. Es sumamente peligroso que el Parlamento renuncie calladamente a sus competencias legislativas en una materia de tanta trascendencia como la laboral, y es sencillamente penoso que una central sindical se ponga de rodillas ante el Gobierno por muy "obrerista" que éste se declare. Ojalá no tengan que venir los arrepentimientos tardíos de esa central "socialista" y de quienes con su silencio permiten que se imponga un modelo sindical colaboracionista.

Hay que abrir con cuidado esos caramelitos que vienen en la nueva ley. Que Dios agarre confesados a los trabajadores...

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