Desde un primer momento, las emisoras radiotelevisivas e imprentas del Estado intentaron ocultar lo inocultable: el duro cuestionamiento a un régimen "... Pensar que el problema de las relaciones entre
el poder civil y el poder militar se arregla con leyes
es una equivocación. Se arregla con grandes decisiones
políticas, se arregla con el prestigio y con la autoridad"
Fraga Iribarne (*)

Esperando un número muy bajo de votantes, Chávez Frías fue sorprendido con los varios resultados de las primarias del pasado 12-F. Tres de ellos, el resurgimiento de la fe democrática que se creyó liquidada por siempre, la pluralidad que encuentra cauce en una unidad eficaz y la demostración de coraje de un pueblo que ha confiado en el liderazgo responsable de la oposición. No obstante, la respuesta torpe y tardía lo remite al TSJ mostrando todas las costuras de su desesperación.

Desde un primer momento, las emisoras radiotelevisivas e imprentas del Estado intentaron ocultar lo inocultable: el duro cuestionamiento a un régimen que, por momentos, encadenó el mil veces repetido espectáculo de La Victoria, repleto de las marciales consignas que violentan la vigente Constitución de la República, contrastante con las limpias jornadas cívicas de la oposición. Luego, febrilmente, ha tratado de realimentar el miedo, allanando o intentando allanar las juntas o comisiones electorales regionales para pescar los cuadernos de votación de sus tormentos, valiéndose de una decisión judicial que no es otra cosa que un acto de provocación a la Fuerza Armada, buscando meterla a toda costa en el debate político.

Muy bien sabemos las consecuencias de aquella lista emblematizada por el diputado Tascón, de quien – se dijo – esperó en su dramática agonía la visita personal de Chávez Frías, la cual jamás se produjo. Hizo muy bien la MUD y su valiente comisión electoral en incinerar los cuadernos, una legítima iniciativa tan acorde con la voluntad de los sufragantes, aunque – sospechamos – el pretexto allanador no está en la cacería de los empleados civiles de la administración pública que se atrevieron, sino en la de los propios oficiales activos nucleados en las cercanías de las instalaciones militares: ¿por qué tan decidida una incursión a todas luces, políticamente contraproducente?

Lo peor está en casos tan lamentables como los del estado Aragua que, además de la detención arbitraria del presidente de la comisión electoral regional, ha perdido absurdamente la vida  un inocente. Por lo demás, huelgan los comentarios sobre la importancia de la entidad federal para la corporación castrense.

De nuevo, la provocación a la Fuerza Armada viene del propio Estado y no de la oposición democrática. El magistrado ponente ha de saberlo, convertido en un instrumento de quien no respeta su carácter o condición de Comandante en Jefe, contaminándola, al implicarla directamente en eventos que les son ajenos.

El horizonte electoral del ocupante de Miraflores empeora y, en lugar de prever la segura mudanza, se aferra a través de una burda maniobra que se adelanta a otras que desplegará con asombroso desenfado. Serán muchas las tensiones y dificultades que – apenas – asoma Maracay, pero también el arrojo, la constancia, la sobriedad, la paciencia y, en fin, el sentido de patriotismo de una oposición observada y admirada por la Fuerza Armada que reconocerá y defenderá su legítimo y pacífico triunfo: no en vano, supo de ella el 12-F a la espera de un estricto cumplimiento de la Constitución el 7-O.


(*) Manuel Fraga Iribarne (1982) "El cañón giratorio. Conversaciones con Eduardo Chamorro", Editorial Argos Vergara, 1982, Barcelona: 83. Y, aunque solemos discrepar del lìder español de la centroderecha, inobjetable constitucionalista, creemos acertado el epígrafe. Respecto al Comandante en Jefe, nos lleva a una noción esencial: Auctoritas.