El presidente Granger, ahora en su condición de aspirante a la reelección, y su canciller insisten  que en la controversia que sostiene esa nación con Venezuela,

no tienen la menor duda que la Corte Internacional de Justicia sentenciará a favor de la excolonia británica,y, según él, la citada instancia dará por terminado el pleito de la Guayana Esequiba, en el momento de  decidir tan litigioso asunto como Cosa Juzgada.

En muchas ocasiones hemos hecho las advertencias a las autoridades de la cancillería venezolana; en el sentido,  de que quedarse callados; dar aquiescencias o permisividades;  omitir las denuncias oportunas y contundentes; o tolerar que los  gobiernos guyaneses, desde Cheddi Jagan hasta hoy, otorgaran concesiones en la Guayana Esequiba; todos estos silencios cómplices  y/o las alabanzas imprudentes e inconvenientes en favor de la contraparte (  Principio de Estoppel),  conspiran contra nosotros en los reclamos, que desde hace más de un siglo hemos hecho de la Guayana Esequiba , que siempre ha sido nuestra.

Llegó el momento de demostrar y reafirmar la venezolanidad con declaraciones y con hechos concretos.

Guyana, luego de introducir una demanda contra nuestro país, y ratificarla el 19 de noviembre del  año pasado, para que la CIJ obligue a Venezuela a reconocer el presuntamente ejecutoriado Laudo Arbitral de París de 1899, como cosa juzgada, parece  que viene dispuesta a   arreciar, ya no únicamente en la proyección atlántica que genera la parte continental de la Guayana Esequiba, en contención; sino que, imprudentemente, ha dado instrucciones, y hasta órdenes escritas, a las empresas transnacionales para que operen en cualquier coordenada marítima hacia su costado oeste, irrespetando la soberanía venezolana en esa área.  Burlando, como les da  la gana, el Acuerdo de Ginebra de 1966.

La excolonia británica nos han venido atropellando y vulnerando en nuestro legítimo e histórico contexto geográfico; y aún el canciller de esa nación, Carl Greenidge hace la desvergonzada afirmación, de que violamos  la soberanía e integridad territorial de su país. También añade: " Venezuela es una ‘amenaza’, con actos hostiles, agresivos e ilegales para el desarrollo económico de Guyana”.

La más reciente tropelía discusiva la acaban de emitir al señalar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), seguramente va a "sentenciar" a favor de  Guyana, no importa la ausencia de Venezuela en el juicio; asì nosotros hayamos invocado la No Comparecencia: recurso perfectamente válido conforme al Derecho Internacional Público.

Insinúa Granger que la CIJ  concederá todo cuanto ellos han solicitado en su Pretensión Procesal: "carácter legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de Parìs de 1899". Tal documento para Venezuela siempre ha sido considerado nulo e írrito. Inexistente jurídicamente.

Debemos dar a conocer que el equipo de asesores de la Alta Parte guyanesa en este litigio ha recomendado que pidan, además, el envío de la "presunta decisión sentencial" de la CIJ, al Consejo de Seguridad de la ONU, para imponerla a Venezuela y hacer que la cumpla, inexorablemente.

Han dicho que Guyana no se contentarà  con que la CIJ, se pronuncie mediante una resolución consultiva, conforme al articulo 65 de sus propios estatutos. Ellos exigen, de manera determinante una sentencia, definitivamente firme, con efectos impeditivos de impugnaciones ulteriores; en tanto Arreglo Judicial, contemplado  en el Artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas.

En casi todas las conferencias que dictamos en las universidades y otros organismos del país o a través de la Red y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta, ¿Por qué estamos obligados a debatir por ante la Corte Internacional de Justicia?; y la respuesta que ofrecemos resulta invariable: porque exactamente, ha sido esa la estrategia jurídica que ha jugado Guyana.

Ya fuimos a la CIJ, el 18 de abril de este año. Introdujimos un escrito donde dejamos sentado que no le reconocemos entidad jurisdiccional en esta contención. Proponemos regresar a la figura de un nuevo Buen Oficiante.

Guyana nunca ha querido  la figura del Buen oficiante para que resuelva este caso con su mediación. 

En sentido estrictamente verdadero, no debemos tener ningún temor, porque poseemos todos los elementos probatorios: socio-históricos, cartográficos, políticos y jurídicos, los cuales nos avalan, asisten y respaldan satisfactoriamente; y conforman un legajo de documentos importantes para exponerlos cuando corresponda.

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