En el proyecto de sociedad estatista-comunista no puede existir educación privada y la que ahora existe en Venezuela está llamada a perecer; lógico y confesado hace años por el ministro Navarro. Esta Ley cerca financieramente a la educación privada autofinanciada por los padres y mata a la popular que tiene cofinanciamiento del presupuesto nacional. En el Proyecto aprobado el año 2001 había 6 artículos sobre financiamiento que recogen lo que dice la Constitución sobre centros privados autosostenidos y se consagra la posibilidad de convenios para cofinanciar a los de bajos ingresos que estudian en populares instituciones privadas de calidad. Ahora se eliminan y queda una ley discriminatoria para los pobres y para la educación privada.
Según el artículo 50, el presupuesto oficial es la única fuente de financiamiento: “el Estado garantizará una inversión prioritaria, de crecimiento progresivo anual para la educación”. Está muy bien, pero el veneno está en lo que omite, no en lo que afirma.

La nueva Ley oculta el inmenso aporte a la educación que hacen millones de venezolanos de todos los niveles, desde los padres que pagan 5 ó 10 bolívares fuertes en la escuela de su barrio porque, quieren calidad con valores humanos, hasta las muy significativas contribuciones de fundaciones, empresas y asociaciones. Más de 3 billones de bolívares (3 millones de millones de bolívares viejos) aportan anualmente la familias venezolanas para la educación de sus hijos; sin contar las multimillonarias inversiones privadas en edificios y dotación para dar educar y formar en todos los niveles a por lo menos millón y medio de venezolanos. ¿Por qué se eliminó de lo aprobado en primera instancia en 2001 ese financiamiento previsto en los artículos 103 y 106, de la Constitución Bolivariana en ejercicio de la “corresponsabilidad educativa” entre sociedad, Estado y familia? Porque la estrategia es ahogar con controles e imposiciones la educación privada autofinanciada y negar el financiamiento a la buena educación de los pobres; así mueren las dos. Esta Ley sólo menciona la educación privada para ponerle al cuello la soga de los controles, sanciones y castigos (art. 6, 2, i). Cuando quiera el Gobierno sectario “legalmente” apretará la soga para matarla.

Al mismo tiempo elimina el financiamiento a las familias populares con hijos en las escuelas no gubernamentales. Muchos cientos de miles de niños y jóvenes estudian en buenas escuelas privadas “populares”, como las de Fe y Alegría, Fundación La Salle o de otras muchas iniciativas de parroquias, congregaciones en los barrios, ambientes rurales y entre indígenas gracias al financiamiento mixto: aproximadamente 75% el presupuesto nacional (dinero de los venezolanos y no del partido), el 10% la familia y el 15% lo busca Fe y Alegría o la institución educadora. Crece el número de estudiantes porque los pobres buscan ahí valores y calidad. La educación de estos centros de iniciativa no gubernamental es un bien público, todos ellos funcionan en nombre de la República, por autoridad de la Ley y de acuerdo a la normativa del Estado. Educación pública no es sinónimo de estatal ni gubernamental, sino la que se ajusta a la Constitución y leyes educativas, con certificados y títulos públicos y oficialmente reconocidos.

Los ministros, generales y altos funcionarios del régimen prefieren instituciones privadas para sus hijos en preescolar, primaria y secundaria. Ellos pueden elegir (y nos parece bien que lo hagan), porque pueden pagar. Pero a los pobres se les discrimina, al quitarles la libertad de elección escolar (afirmada en el art. 104 en 2001), dejándolos fuera del presupuesto nacional.

La eliminación de la autonomía financiera de padres e instituciones privadas en los colegios y la supresión de la libertad de elección en las populares por corte del financiamiento, buscan la implantación de un modelo educativo cubano, centralizado, cerrado, con educación única y estatista, controlada por el partido comunista y su Jefe. Aquí hay Jefe, sin necesidad de partido.

La otra discriminación será contra los docentes y las universidades que los forman con cabeza autónoma.

La sociedad se informará, saldrá a defender sus derechos humanos y constitucionales en educación y evitará el desastre de la Ley.