Basta escuchar la radio, mirar la televisión o leer algún diario para percatarse de que Venezuela vive un estado de conflictividad permanente, de zozobra colectiva. Las disputas salariales por un justo pago a los trabajadores de Guayana tienen paralizadas, virtualmente hablando, a las empresas básicas a lo que se ha sumado la acción delictual de patotas que arremeten contra los trabajadores, como fue el caso de Venalum donde le pegaron un tiro al presidente del sindicato, José Luis Morocoima.

La empresas Sidor y Carbonorca, lo mismo que Alcasa, viven en una tensión laboral a diario porque el Estado patrono desconoce los derechos de los trabajadores.

Los trabajadores universitarios y los profesores están irritados porque la ministra Yadira Córdova los engañó vilmente al otorgarles un aumento salarial que es un irrespeto.

Ello ha provocado la paralización de varias universidades. A las esposas de los policías metropolitanos que fueron asesinados no les pagan los seguros de vida y las viudas se ven forzadas a cerrar las calles para que las escuchen.

Recientemente murió en huelga de hambre un obrero petrolero porque Pdvsa se negó a reengancharlo no obstante la orden del Ministerio del Trabajo.

Todos los días hay trancas de las calles por parte de los damnificados exigiendo las viviendas que les prometieron y las cuales no han sido entregadas. La situación de los damnificados en los refugios es deprimente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para atenderlos.

Últimamente, una especie de banda se la pasa invadiendo estacionamientos y cuanto espacio desocupado vea con la excusa de construir viviendas, aunque los terrenos no sean aptos. Ello ha provocado enfrentamientos entre propietarios y trabajadores y miembros de estas pandillas.

Esto es una locura, que grupos de personas tomen por la fuerza terrenos sin que previamente se analice la factibilidad y viabilidad de construir en esos terrenos.

Hay una sensación de caos y de que no hay autoridad. Para muestra, obsérvese el irrespeto a las leyes por parte de grupos de motorizados que tienen especie de licencia para hacer lo que les venga en gana en las calles.

Esta situación es insostenible y reclama un cambio de rumbo en el país para restaurar la autoridad social, educar a los ciudadanos y poner la economía a crecer para generar empleos estables y bien remunerados porque sin un empleo nadie puede adquirir o pagar una casa o apartamento.