Las inspecciones por parte de la SUNDDE ante la coyuntura del inestable mercado cambiario venezolano para chequear

entre otras cosas que se cumpla con el tipo de cambio del BCV aún cuando los comerciantes tengan que reponer inventarios a un tipo de cambio en un mercado no-oficial y reconstituir capital de trabajo ante dicho tipo de cambio superior al oficial, presionando a ajustes de los precios en dólares al alza para compensar el descalce cambiario y decir que se inspecciona y se cumple con las normas y con el tipo de cambio oficial; constituye fiel de reflejo de la sociedad que somos: una sociedad sin instituciones, una sociedad del disimulo y una sociedad de búsqueda de captura del regulador (si no para capturar renta petrolera cuando menos gozar de la venia de un estado-regulador arbitrario y discrecional).

Llama la atención que lo anterior continúe ocurriendo en medio de una coyuntura donde el ejecutivo nacional “denuncia” la caducidad de la Ley de Precios Justos,. Aún cuando parece entenderse, entre propios y ajenos, que el marco institucional y regulatorio actual no permite florecer a una economía que compense, cuando menos parcialmente, el colapso de la industria petrolera; termina siendo mayor el peso ideológico o el temor de perder poder ante instituciones independientes.

Las instituciones, el contenido técnico de las normas y sus tipicidades, el principio de libre competencia, así como instancias jerárquicas independientes, constituyen las únicas garantías para un verdadero crecimiento y una recuperación económica.

Sin embargo lo anterior exigiría una verdadera democracia, instituciones robustas y contrapesos que todos sabemos -ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben que no lo permitirán- no serán erigidos por representar amenazas al estatus quo del poder.

La evidencia sobra. Sus actos los definen y no sus declaraciones preñadas de buenas intenciones de vez en cuando.

Parece que la intención de viraje -discursivo y cosmético- es para dar un giro de 360º y quedar en el mismo sitio. Cualquier tesis de cambio hacia una especie de modelo “chino” o como en el caso de Zimbabue un cambio “de nosotros mismo por nosotros mismos” con otra orientación económica, no parece viable en Venezuela. Los incentivos para los “únicos” jugadores relevantes -que por cierto juegan solos entre sí- no parecen estar dados para un cambio así éste represente un simple second best (una sociedad con un marco institucional precario pero que permita alguna recuperación económica). A la fecha existe una estrategia dominante: mantener el estatus quo, lo que supone un marco institucional débil, arbitrario y discrecional sólo susceptible de ciclos discursivos y de alguna cosmética. La economía es secundaria y los efectos colaterales del modelo en la economía eso son, efectos secundarios.

Sin principios fuertes, por un lado, derechos de propiedad, amplios, generales y robustos, no zonas económicas dizque libres de arbitrariedades -lo que de hecho confirma la naturaleza del modelo- y por el otro lado, la libre competencia, transversalmente entendida, es decir no sólo manifiesta en una ley en desuso en el país sino como orientador de toda política pública-regulatoria; no existirán los incentivos mínimos que se requieren para crear ecosistema de valor, riqueza y bienestar.

Todos estos años que han pasado y las oportunidades de cambio y recuperación que han sido prometidas y han pasado, confirman quiénes son los responsables, no de la crisis, sino del modelo que tiene a la economía venezolana a un nivel inferior al 30% de lo que en algún momento fue.

22 años escribiendo lo mismo confirma la necesidad de un cambio en el país que posicione estos principios como angulares de cualquier diseño de política pública, acción y regulación económica. Así ocurre en los países con los mayores estándares de calidad de vida y progreso a nivel mundial.