Desproporcionada y fuera de lugar la acusación que el Ministro Ramírez hace a las universidades autónomas al llevarlas ante la Fiscalía. Hoy más que nunca las relaciones entre el Estado y las universidades públicas lucen deterioradas y fuera de la sana sintonía que se espera de ésta estratégica relación.

El Gobierno de turno es incapaz de asumir con responsabilidad y seriedad su papel de interlocutor de acuerdo al mandato constitucional que nos rige. No perdona ni acepta la autonomía e independencia de las universidades y que éstas se hayan vuelto impermeables a la tendencia que el actual Gobierno representa. Castiga a los universitarios con sueldos congelados desde el año 2008 y no valoriza el esfuerzo colectivo que éstas han venido llevando a cabo siendo fieles a su misión educativa, cultural y científica.  

No obstante, también se nos hace necesario plantear una sana autocritica en lo interno de las universidades. No hay que esperar ninguna intervención cuando es posible corregir por cuenta propia.

La crisis presupuestaria ha devenido en el principal clamor de las autoridades para justificar un funcionamiento precario. No hay duda que el espectacular crecimiento de la matricula estudiantil nos ha producido desconcierto y que nuestra capacidad instalada para atender adecuadamente esa demanda, cada vez más creciente, se nos ha quedado pequeña. Ante esta situación de desmesura no hemos sabido responder. Hemos creído que inscribir y graduar es nuestro fin, y hemos dejado de lado aspectos medulares como la investigación, el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, la actualización académica de nuestros profesores de acuerdo a los referentes internacionales vigentes, la renovación de los cuadros generacionales, la dotación adecuada de las bibliotecas y publicar.

De igual forma muchas partidas del escaso presupuesto se desvían en el pago de una burocracia parasitaria construida bajo los imperativos de las lealtades familiares (nepotismo) y los intereses de grupo. En algunas circunstancias las partidas destinadas al renglón de la seguridad están por encima de la inversión en investigación. En realidad de lo que se trata es de actuar con austeridad y responsabilidad. Jerarquizando nuestras prioridades y atendiendo lo académico y científico. La Universidad tiene que volver a una situación de funcionamiento óptimo y eficaz, y para ello debe contar con el beneplácito y la colaboración del Estado, y sobre todo, la buena voluntad de los universitarios.

(*): DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LUZ
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