El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad  Católica Andrés Bello considera de urgencia que la voluntad de los  venezolanos expresada el pasado 28 de julio

en el proceso para elegir  al Presidente de la República, sea respetada, por lo cual exige que el  Consejo Nacional Electoral muestre las actas fidedignas firmadas por  los miembros de mesa y permita la verificación técnica de cada una de  ellas.

Para que este proceso de auditoría tenga validez, el mismo debe ser  realizado por observadores técnicos de instituciones internacionales  independientes especializadas, con la debida presencia de los  distintos actores políticos que participaron en la elección.

Igualmente, se exige a las autoridades garantizar el pleno  cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los  ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente  y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

El CEPyG UCAB rechaza todos los actos de represión y persecución contra los manifestantes, así como contra líderes sociales y políticos o cualquier ciudadano venezolano o extranjero. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos de seguridad nacionales, regionales y municipales ya ha generado más de 20 muertes, y cientos de heridos y detenidos. La responsabilidad penal por la violación de derechos humanos, que incluye la represión contra manifestantes, los arrestos sin el debido procedimiento, la tortura, entre otras prácticas, es personal, imprescriptible y no es negociable ni se puede justificar por venir del cumplimento de órdenes superiores, tal como lo establece el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que el artículo 33 indica que quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea  militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe cumplir con su  responsabilidad de proteger la soberanía nacional y respetar la  voluntad del pueblo expresada en las urnas. La FANB, como institución profesional y sin militancia política, debe garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera libre, justa y  transparente, salvaguardando el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes sin injerencias externas.

En este momento crítico para nuestra nación, es imperativo que la FANB mantenga una postura neutral y se abstenga de cualquier acción que pretenda influir o desconocer los resultados electorales.

Actuar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de  derechos humanos es esencial para preservar la dignidad y los  derechos de todos los venezolanos, y para asegurar la paz y la  estabilidad del país. Esto será crucial para fortalecer la confianza en nuestras instituciones democráticas y para fomentar la unidad y cohesión social.

Hacemos un llamado a todos los miembros de la FANB para que  actúen con integridad y responsabilidad, reafirmando su compromiso  con la democracia y la soberanía nacional, y apegándose a lo establecido en los artículos 328 y 330 de la Constitución Nacional.

El CEPyG UCAB reconoce los pronunciamientos por parte de la  comunidad democrática internacional, mediante los cuales ha exigido  al CNE la publicación de las actas reales, legítimas y verificables, en las cuales se refleja la decisión soberana de los venezolanos. Las instituciones mundiales, regionales y los distintos gobiernos, están haciendo todos los esfuerzos para que se respeten las garantías  electorales de los ciudadanos, así como sus derechos humanos.

Es crucial que los actores internacionales activen todos los  mecanismos a su alcance para que se resuelva este conflicto y pueda  iniciarse el retorno parcial de venezolanos, pues de lo contrario  podríamos estar a las puertas de otra ola migratoria.

Igualmente, es condenable la detención de cualquier líder político, así  como el asedio de la Embajada de Argentina, donde se encuentran  seis dirigentes a quienes se les pretende detener ilegalmente,  desconociendo el derecho internacional al asilo y la inviolabilidad de  toda sede diplomática.

En el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello estamos convencidos de que la ciudadanía como actor fundamental de este proceso político y titular de la soberanía popular tiene el derecho irrenunciable a decidir y a que su decisión, expresada en las urnas electorales, sea verificada e incondicionalmente respetada, según lo establece nuestra Constitución Nacional.

Caracas, 1 de agosto de 2024