El monitoreo mensual de los actos de persecución y criminalización que realiza el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) mostró en el mes de julio

un alarmante aumento de casos contra personas vinculadas con la política. En este mes se cometieron al menos 63 actos de persecución y criminalización bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. De ellos, 52 fueron contra personas vinculadas con la política. En esta categoría se incluyen presos políticos que no pudieron identificarse y disgregarse por categoría de sujetos. Asimismo, se llevaron a cabo ocho actos contra trabajadores de la comunicación y tres contra la población.

En el monitoreo y análisis de los 63 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de julio se identificaron las siguientes acciones: 13 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, el cierre de tres programas de radio, una detención arbitraria, y 45 procesos judiciales irregulares.

 

Ataques a medios y periodistas

Durante el mes de julio al menos dos periodistas y dos medios de información digital fueron atacados a través de actos de amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios públicos y personas adeptas al gobierno de Maduro. El periodista Jesús Vásquez fue amenazado con ser privado de su libertad por el personal de Protección Civil y por funcionarios de Polianzoátegui, al considerar que informar sobre los riesgos que suponía una quebrada afecta a la gestión del municipio.

Sin embargo, buscar, recibir y difundir información es un derecho fundamental que no puede ser violentado, sobre todo cuando se trata de hacer pública una situación que afecta a toda una comunidad y que supera los intereses personalísimos en cuanto a la imagen de un sector político.

Un caso similar ocurrió en la Alcaldía del Municipio Jáuregui, en el estado Táchira, cuando fue atacada la cuenta informativa La Grita 7 Diario, a través de una publicación de Instagram, por informar sobre la paralización de las obras de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la localidad. La alcaldía acusó al diario de vulnerar “la estabilidad emocional de muchos” y tener una “visión parcial política recalcitrante”.

Además, el periodista Roberto Deniz y el diario El Pitazo fueron víctimas de actos de intimidación y hostigamiento por parte del propietario del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín. Con términos como «tarifado» y «cobardes», el empresario rechazó la publicación de sus comentarios en torno al debate de los candidatos de las primarias de oposición. El empresario expresó que el canal de televisión no le dará espacios a los candidatos que participaron en dicho debate.

También en el mes de julio la emisora Unión Radio tomó la decisión de sacar de su parrilla de programación a los programas Zona Éxitos, La Doble Vuelta y Eso es un Tema. De acuerdo con la información expuesta por los conductores de dichos espacios, la emisora decidió sustituir los programas por shows musicales.

 Es importante destacar que si bien el cierre de los tres programas de radio se debió a una decisión del directivo de la emisora Unión Radio, en Venezuela no solo existe un patrón de censura por parte del Estado, sino que las emisoras de radio, periodistas y otros actores del espacio cívico, han decidido optar por la autocensura, ante el temor a recibir represalias en el ejercicio de su derecho de expresión y de difundir informaciones e ideas. Por último, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ordenó el cierre de la emisora Éxtasis 97.7 FM. La decisión afecta a 20 empleados directos que incluyen operadores, técnicos, locutores y periodistas.

 

Actos contra la población

Durante el mes de julio ocurrieron dos casos perpetrados por funcionarios públicos contra la población. En el primero de ellos, Nancy Herrera, hija del capitán indígena de la etnia Cubeo, de Amazonas, denunció ser víctima de amenazas por una denuncia que realizó sobre maltrato que sufre su etnia. A través de un video, Herrera responsabilizó de su integridad física al militar José Ramón Maita González, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, quien habría sido el militar que la amenazó y que la obligó a pedir disculpas por las denuncias realizadas.

Las amenazas contra la señora Herrera constituyen una vez más un acto de censura, que se extiende como un patrón contra toda persona que pretenda expresar la realidad del país, y que no distingue entre ciudadanos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas o actores políticos.

Por otra parte, un reconocido hotel ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fue víctima de amenazas por parte de oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de que el candidato de Voluntad Popular a las primarias de oposición, Freddy Superlano, intentara llevar a cabo una actividad política en las instalaciones del mismo.

En este mes fue detenido el presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) Bladimir Josué Tremaria, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Tremaria enfrenta cuatro imputaciones, hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.

 

Arrecia la persecución en el contexto preelectoral

De la totalidad de los casos de hostigamiento y amenazadas documentados, siete ocurrieron en el contexto de la campaña política que llevan a cabo los candidatos de la oposición para las elecciones primarias que se desarrollarán en el mes de octubre.

Además del caso anteriormente mencionado, Freddy Superlano también denunció que al final del mes de julio, cuando iba a entrar a Colombia por la frontera, fue despojado de su pasaporte por presunta «inconsistencias» del documento. Sin embargo, el candidato afirma que su pasaporte fue emitido precisamente por el órgano que señala dichas inconsistencias.

Entre tanto, la candidata de oposición por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, fue hostigada y amenazada en al menos cuatro oportunidades durante el mes de julio. La candidata de oposición fue hostigada por personas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes intentaron impedir un recorrido que la dirigente llevaba a cabo en la parroquia Catia La Mar, ubicada en el estado Vargas.

La misma situación ocurrió en Petare, Caracas, cuando militantes del PSUV bloquearon el paso de la candidata con carteles y gritos. Esta situación se replicó en el estado Guárico en donde la candidata Machado aseguró haber sido atacada por colectivos del gobierno de Nicolás Maduro.

También el equipo de trabajo del partido Vente Venezuela fue víctima de amenazas de muerte y su sede sufrió ataques directos en el estado Táchira. Con las siglas del grupo guerrillero colombiano ELN (Ejército de Liberación Nacional) fueron marcadas las paredes de la sede de la organización con mensajes como “Primarias sin María Corina” y “muerte María Corina».

Por último, el diputado de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, amenazó a los aspirantes de oposición para las elecciones presidenciales del 2024 a decir sus nombres y apellidos en la calle, por supuestamente estar involucrados en la promociones de las sanciones internacionales. Aseguró que dichos candidatos “no merecen las libertades que impone la Constitución”.

 

Procesos judiciales irregulares afectan a un colectivo

Durante el mes de julio el tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y Tercero con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera, perdió la jurisdicción en 45 causas de presos políticos, por lo que estos juicios deberán iniciar nuevamente.

Es importante destacar que en este monitoreo no se pudo identificar a los 45 presos políticos afectados por esta medida, por lo que si bien se han incluido en esta categoría de sujetos, por tratarse de personas privadas de su libertad por motivos políticos, en el mismo se incluyen comunicadores sociales como Ronald Carreño, o defensores de derechos humanos como Javier Tarazona. Ahora bien, indistintamente de la identificación de los presos políticos afectados, alertarmos sobre la arbitrariedad de esta medida, y lo que supone una grave violación al derecho al debido proceso al retardar discrecionalmente un proceso penal que debiera ser expedito.