El gobierno de Chile al dar su respaldo al Secretario General Insulza por medio del Canciller Alfredo Moreno, fue claro al expresar que "la OEA, en su carácter de principal foro del diálogo político hemisférico, debe contribuir de manera eficaz a promover y defender nuestras democracias

Para no pocos ciudadanos del hemisferio, la Organización de los Estados Americanos, cuyo origen se remonta a 1890 con la Primera Conferencia Internacional Americana; que luego en 1948 tuviera un brillante reimpulso bajo la Novena Conferencia Internacional Americana que congregó a 21 estados en Bogotá y en la cual se adoptó la Carta de la Organización, el tratado de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre; no obstante su brillante y pujante despertar, ha venido paulatinamente aminorando su paso y decayendo en importancia hemisférica, para finalmente convertirse en un organismo lento y burocrático que no está a la altura del dinamismo que se requiere en el nuevo siglo.

La reciente reelección por aclamación del Secretario General José Miguel Insulza, para muchos fue la expresión manifiesta del distanciamiento existente entre los gobiernos que unánimemente respaldan el accionar de la organización y su SG, con la percepción que tienen los medios y el público en general, que evalúan el desempeño del organismo como de un comportamiento tibio y burocrático frente a las flagrantes trasgresiones de muchos estados miembros a los valores democráticos establecidos por la Carta de la Organización y la Carta Democrática aprobada el 11 de Septiembre de 2001.

El gobierno de Chile al dar su respaldo al Secretario General Insulza por medio del Canciller Alfredo Moreno, fue claro al expresar que "la OEA, en su carácter de principal foro del diálogo político hemisférico, debe contribuir de manera eficaz a promover y defender nuestras democracias, en el marco de un pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales" y luego refiriéndose específicamente a la Carta Democrática señaló que "la Carta Democrática Interamericana reafirma claramente que no basta con elecciones libres, tenemos que gobernar democráticamente".  El Canciller Moreno también fue claro al plantear en el seno de la OEA lo que será la política multilateral que impulsará el gobierno de Chile cuando señaló "pretendemos fortalecer el ejercicio de la democracia, renovando los consensos sobre los alcances de la Carta Democrática Interamericana. Con ello, aspiramos a tener una Organización con relevancia política, y que tanto la ciudadanía de nuestros países, como el resto de la comunidad internacional, entiendan y apoyen lo que aquí hacemos".  Se trata ni más ni menos que suprimir o al menos aminorar la brecha existente entre el accionar de la organización y los gobiernos, con la percepción que de ello tienen los ciudadanos, tarea gigantesca de acuerdo a los estándares actuales.

Desde sus inicios la OEA ha mantenido como piedra fundamental de su accionar la triada que integran el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, la soberanía de los estados y la solución pacífica de las controversias.  De esto se han valido muchos países con gobiernos autoritarios, para esgrimir como escudo la no intervención en los asuntos internos frente a las objeciones de los países verdaderamente democráticos.  Igualmente, muchas dictaduras se han parapetado tras la soberanía de los estados para incumplir las más elementales normas democráticas a que se han comprometido los países del hemisferio.

El desarrollo del pensamiento moderno aminoró la preponderancia del principio de la soberanía de los estados y nadie en su sano juicio podría hoy argumentar que un estado es soberano para incurrir en trasgresiones a normas del medio ambiente que amenacen la ecología del planeta, por faltas a los derechos humanos que comprendan delitos de lesa humanidad, o por violación a la constitución del estado.  Recordemos que la máxima sanción que contempla la Carta de la OEA es la suspensión de un estado miembro, la cual debe ser aprobada por dos tercios de los estados miembros.

Aunque los países miembros de la OEA son todos estados democráticos, algunos poseen características que los hacen terriblemente disímiles.  En el seno de la OEA conviven por ejemplo los Estados Unidos con una superficie superior a 9.6 millones de kilómetros cuadrados y más de 305 millones de habitantes, y San Kitts & Nevis que sólo tiene 262 kilómetros cuadrados y 55 mil habitantes.  También hay economías cuyo tamaño es abismal como la de Estados Unidos que acusa un PIB per cápita mayor a 46 mil dólares al año mientras que Haití sólo muestra 1,3 dólares al día. No obstante, de acuerdo a la Carta de la OEA, para aprobar acuerdos en la Asamblea General todos los votos valen exactamente igual, algo que es muy loable y romántico, pero poco realista debido al peso que indudablemente cada país tiene en el concierto internacional.

Así las cosas, el avance de la OEA como organismo y foro político del hemisferio ha sido constante y seguro, pero al decir de muchos, demasiado lento para los requerimientos de la época actual ya que sus acuerdos deben buscar el consenso, lo que no sólo los dilata, sino que los hace sustantivamente débiles.  Por otra parte, las abismales distancias en el tamaño de las económicas de muchos de los estados miembros, hace que el peso de los intereses entre éstos ejerza una influencia indudable en la génesis de los acuerdos.  

Tal si no ha sido la deplorable ausencia de acuerdos sobre las inexcusables violaciones a la Carta Democrática en que ha  incurrido Venezuela con faltas evidentes a la constitución que promulgara el propio presidente Hugo Chávez, violaciones flagrantes a la libertad de prensa y de opinión, y utilización del poder judicial para perseguir a la oposición democrática.  De acuerdo a la percepción de muchos, tanto la organización como el Secretario General José Miguel Insulza han actuado con manifiesta tibieza ignorando incluso el clamor de la oposición frente a acusaciones sustantivas de violaciones a la Carta Democrática.  Tuvo que golpear la conciencia de muchos la desesperación manifestada por la huelga de hambre del Alcalde Mayor de Caracas Antonio Ledezma, seguida por más de dos docenas de estudiantes y el señor Franklin Brito, para que la organización manifestara una tibia reacción y el Secretario General solicitara la “venia” del gobierno para enviar una comisión a visitar a los huelguistas en la propia sede de la organización en Caracas.    

En la práctica el Secretario General por sí solo no tiene la potestad de establecer si se ha violado o no la Carta Democrática y activar consecuentemente al Consejo Permanente o la Asamblea General.  A su vez, los estados miembros miran con reticencia actuar diligentemente en esta dirección, debido a la reciprocidad que eventualmente pudieran ejercer los estados afectados.

Debido a ello pareciera conveniente radicar la responsabilidad de la tuición democrática en un grupo de, por ejemplo cinco países, para que presididos por el Secretario General reciban las denuncias de violaciones a la Carta Democrática y propongan recomendaciones o acciones al Consejo Permanente o a la Asamblea General, según sea la gravedad del caso.  Esto requiere de una modificación a la Carta de la OEA, pero acortaría la brecha burocrática que existe entre la organización y los gobiernos, y la opinión de los ciudadanos que en último término son los verdaderos afectados.

Cuando la velocidad del cambio social no está acorde con la velocidad de los cambios institucionales, el distanciamiento deviene en crisis y si esta es muy profunda, en la necrosis del organismo.  La disyuntiva es entonces renovarse o morir.