La severa decisión del Tribunal Supremo español contra los dirigentes separatistas catalanes, ha venido a poner las cosas en su lugar,

luego de décadas de desmanes, provocaciones y agravios de un grupo fanatizado contra la Nación y el Estado de España. 

En esos excesos tiene mucha complicidad un amplio sector de la élite política que ha conducido el Estado central durante las últimas cuatro décadas. Este grupo, para deslindarse del régimen franquista y mostrarse amplio y democrático, les dio numerosas concesiones indebidas a los separatistas catalanes.

Luego de que el Caudillo por la Gracia de Dios acorralara a los rupturistas y les prohibiera hasta hablar catalán a través de los medios de comunicación, estos cobraron venganza contra la democracia que comienza a establecerse a partir de la muerte de Francisco Franco en 1975. Potenciaron la leyenda según la cual toda España, especialmente los madrileños, viven a expensas del trabajo y el esfuerzo sostenido de los martirizados catalanes, los únicos “fajados”  de esa holgazana nación. España esquilma a Cataluña, era la acusación. Puro invento: estudios económicos serios demuestran que el empuje catalán se debe, en gran medida, al crecimiento sostenido del resto del país. Si España no se hubiese modernizado y transformado a lo largo de estas décadas para acoplarse a las demandas de la globalización, Cataluña no habría progresado al ritmo que lo ha hecho. La relación entre España y Cataluña ha sido de enriquecimiento mutuo.

La Constitución de 1978 les otorgó amplias competencias a los municipios, provincias y comunidades autónomas. Sin embargo, para los extremistas catalanes nunca ha sido suficiente. Su objetivo consiste en quebrar la unidad de la sociedad y el Estado español. Exigieron e impusieron condiciones que en cualquier otra nación, por democrática que sea, resultarían inaceptables. Cambiaron la historia que aprenden los niños y los jóvenes en los centros de enseñanza. Difundieron el mito según el cual en el pasado Cataluña formaba un territorio independiente de España. Mentira. Se sabe que Cataluña durante la Edad Media era un condado del Reino de Aragón, y que al este fusionarse con el de Castilla, con la unión entre Isabel y Fernando, se constituyó el núcleo inicial de lo que luego sería España, donde se creó, al decir de Pérez-Reverte, el primer Estado moderno de Europa. Por lo tanto, Cataluña siempre ha formado parte de España. Jamás ha sido independiente. No se le arrebató ninguna autonomía originaria.

En las universidades públicas se habla y escribe en catalán, una lengua que únicamente se utiliza en esa región. Esta obligación incluye a los estudiantes extranjeros en pregrado y postgrado. Los documentos en las notarías deben registrarse el catalán. Los desmanes promovidos por el extremismo son numerosos. En los días recientes esos excesos han estado acompañados por la furia de los grupos violentos. Los disturbios no han sido condenados por la Generalitat. A esos sectores no les importa perder referendos y ser minoría en las encuestas que miden las aspiraciones del pueblo catalán. La animosidad contra España es la fuerza que los anima.

En la coyuntura actual, al parecer, el grupo que aprovecha más la irracionalidad de los separatistas es Vox, ubicado claramente en el campo de la ultraderecha nacionalista prounidad de España. El fantasma de Franco ha reaparecido y Vox lo toma de la mano para deslindarse sin ambigüedades de las posturas rupturistas. El Psoe, el PP y Ciudadanos, las opciones de centro, aunque desmarcados del separatismo, deben acentuar el alejamiento y la condena. La ambivalencia no les conviene. El ejercicio de la  democracia no puede colocar en riesgo la cohesión del Estado. Con la sedición no se puede ser complaciente. El primer deber de unos dirigentes consiste en garantizar la supervivencia de la Nación y del Estado que la soporta. La democracia no puede transformarse en burladero por quienes buscan quebrar la unidad nacional. El provincialismo de los separatistas tiene que ser enfrentado con las herramientas proporcionadas por el Estado de Derecho. La inmensa mayoría de los españoles, y desde luego de los catalanes, desea una nación compacta.

La decisión del Tribunal Supremo representa un claro mensaje a los grupos rupturistas activos en Galicia, el País Vasco y otras provincias y comunidades autónomas. Sobre ese dictaminen debe cabalgar la dirigencia política democrática para blindar la unidad de España contra todas  las modalidades del parroquialismo separatista. 

El mundo necesita una Europa unida y democrática. Las amenazas contra la libertad son numerosas y poderosas. Europa debe ser un muro de contención contra esos peligros. Una España y una Europa fragmentadas  en micro estados resulta demasiado peligroso frente a los Putin,  Erdogán y compañía, que surgen a cada rato.