Puede afirmarse sin exagerar que, al menos desde mediados del siglo XX, las ciudades venezolanas se han desarrollado parasitando del petróleo y que los mayores beneficiarios de esa dinámica han sido los estratos medios y altos. Los ejemplos abundan: las principales fueron dotadas de impresionantes redes de autopistas (hoy colapsadas) por las que circulan sobre todo automóviles privados que prácticamente no pagan impuestos; el único servicio de transporte masivo urbano moderno y que beneficia directamente a los estratos de menores recursos es el Metro de Caracas, construido totalmente a expensas del Estado sin que los propietarios de los terrenos localizados en sus inmediaciones, que se valorizaron exponencialmente, retribuyeran siquiera con una mínima parte de los beneficios captados; en artículo anterior se analizaba el grosero subsidio a la gasolina, que beneficia abrumadoramente a la minoría de propietarios de automóviles mientras que la mayoría depende de un transporte público denigrante.

En lo esencial nuestras ciudades se han construido con recursos provenientes de la renta petrolera ­es decir, con el patrimonio de todos los venezolanos­, pero la mitad de sus habitantes ha debido levantar sus hogares con su propio esfuerzo y en terrenos no urbanizados.

Si el nuevo gobierno que se instale en Venezuela en enero de 2013 quiere ser realmente nuevo, es decir, ni la repetición de la experiencia democrática abortada hace 13 años ni la continuación del fiasco llamado socialismo del siglo XXI, debe definir las estrategias necesarias para, entre otros no menos exigentes, hacer frente a ese desafío: lograr que en el mediano plazo las venezolanas se transformen en ciudades dignas y competitivas gracias a su propia capacidad de producir riqueza. Para ello es necesario encontrar los antídotos que, sobre todo en un entorno tan degradado como el que se recibirá, impidan embocar la vía fácil pero letal de echar mano indiscriminadamente a los ingresos petroleros.

El tema es vasto y complejo, imposible de agotar en un breve artículo de prensa, por lo que se esbozará apenas una idea entre muchas, suerte de paquete integral que incluiría, por una parte, el fortalecimiento de las competencias de las autoridades locales en la recuperación de las plusvalías generadas por los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento del suelo urbano y en su participación de la contribución por mejoras, estableciendo la obligación de reinvertir los recursos así obtenidos en nuevos proyectos urbanos; por la otra, el diseño de un sistema práctico y eficiente para la transferencia de derechos urbanos como instrumento para garantizar tanto la conservación del patrimonio como la ejecución de programas integrales de renovación urbana, asegurando la adecuada dotación de servicios y equipamientos sin perjudicar a los propietarios ni gravar al sector público con onerosas expropiaciones.


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TC