Uno de los axiomas de la aritmética elemental establece que «el orden de los factores no altera el producto».

En el ámbito formal de las operaciones numéricas, esta propiedad conmutativa garantiza la constancia del resultado. Sin embargo, en la praxis de la economía política, la teoría de juegos y el diseño institucional, aplicar esta máxima a la reconstrucción de Estados colapsados es una falacia técnica devastadora. En la ingeniería del poder, la secuencia de las acciones no solo condiciona la naturaleza del producto, sino que determina de manera absoluta la viabilidad de todo el proceso.

El esquema estratégico diseñado por la Casa Blanca para Venezuela —expuesto bajo los lineamientos de la administración de Donald Trump y estructurado en tres etapas lineales: Estabilización, Recuperación y Transición— parte de un error de diagnóstico fatal. Su lógica presupone un determinismo clásico: primero, la contención de daños y el orden operativo (Fase 1); luego, la inyección masiva de capital privado (Fase 2); para finalmente culminar, como una suerte de premio decorativo, en la apertura democrática y la restitución constitucional (Fase 3).

No obstante, la realidad operativa del país y el comportamiento implacable de los mercados internacionales han dejado al descubierto la paradoja central de la coyuntura: para que las Fases 1 y 2 tengan la menor probabilidad de fracaso técnico y financiero, la Fase 3 debe operar como punto de partida indispensable. La apertura democrática no es la consecuencia de la reconstrucción, sino su condición previa de posibilidad o al menos en desarrollo paralelo.

El espejismo de la «estabilización tutelada» y el saqueo legalizado

El pilar fundacional de la Fase 1 descansaba sobre una hipótesis estrictamente “eficientista” sin ninguna garantía de los derechos mínimos de viabilidad humana: detener el colapso humanitario mediante una tutela energética temporal, administrando flujos de crudo bajo supervisión externa. La implementación de este modelo a través del gobierno interino de Delcy Rodríguez demostró que es imposible estabilizar un país en ruinas únicamente mediante el control de flujos financieros, sin abordar la raíz de la ilegitimidad.

El régimen se enfrentó rápidamente a un «doble sismo» que pulverizó su viabilidad política. El primero fue literal: el terremoto del 24 de julio de 2026, que dejó a miles de venezolanos sin hogar y expuso la fragilidad estructural de un país que había prometido "estabilidad" a cambio de soberanía. Pero lo que siguió al sismo fue aún más revelador que el sismo mismo. El gobierno interino, en lugar de coordinar una respuesta humanitaria eficaz, se dedicó a impedir la llegada de ayuda internacional y a obstaculizar el regreso de figuras clave como María Corina Machado, cuya presencia habría sido fundamental para canalizar asistencia y reconstruir el tejido social. La narrativa de "pragmatismo técnico" se desmoronó cuando quedó claro que el verdadero objetivo no era la estabilización humanitaria, sino el control político del desastre.

El segundo detonante fue el colapso estructural del sistema eléctrico nacional, cuyas fallas masivas paralizaron el comercio y destruyeron la narrativa de que una administración tutelada podía restablecer el orden operativo sin inversiones de capital profundas. Los cortes de luz, que antes duraban cuatro horas, ahora se extienden hasta siete horas diarias. El servicio de agua, que ya era precario, falla sistemáticamente cada vez que llueve, convirtiendo la simple lluvia en un evento que deja a comunidades enteras sin acceso al líquido vital. Esta doble parálisis —el terremoto y el colapso eléctrico— provocó un rechazo transversal: el chavismo de base lo percibió como una subordinación indigna a Washington, mientras que la oposición civil lo identificó como la simple continuidad del modelo autoritario bajo nuevos ropajes.

Pero fue en el terreno de los negocios donde esta fachada de "pragmatismo" reveló su verdadera naturaleza: un mecanismo de transferencia de riqueza a élites conectadas. El reciente escándalo que vincula a Alejandro Betancourt —un empresario venezolano ampliamente identificado en los círculos de poder como un "bolichico" o cercano a Delcy y Jorge Rodríguez— con la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP), seleccionada supuestamente para un acuerdo energético con Estados Unidos, es la prueba empírica definitiva del fracaso de este modelo.

Asignar a una entidad privada vinculada al núcleo del poder fáctico el control sobre el 20% de las reservas probadas de Venezuela por 100 años no es una estrategia de estabilización; es un despojo constitucional. Esta maniobra viola flagrantemente el Artículo 12 de la Constitución, que establece la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los yacimientos de hidrocarburos, y el Artículo 302, que reserva la actividad petrolera al Estado. Pretender validar contratos multimillonarios mediante decretos de un gobierno de facto, a espaldas de una Asamblea Nacional legítima, no solo es jurídicamente frágil, sino nulo de nulidad absoluta bajo los estándares del derecho internacional, como lo estipula el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que invalida acuerdos firmados bajo coerción o sin representación soberana real.

La demofobia estructural: el miedo de las élites a la soberanía ciudadana

Esta postergación democrática encubre una demofobia[1] estructural. Tanto el bloque gobernante como ciertos operadores de la diplomacia transaccional observan a Venezuela meramente como una estación de servicio geopolítica. Los gobiernos y élites con rasgos demofóbicos maximizan la lógica orwelliana de que «todos los animales son iguales, pero unos son más animales que otros». En el caso venezolano del siglo XXI, esta patología del poder se ha manifestado de manera sistemática: la anulación de mecanismos de control ciudadano, la eliminación arbitraria de referendos revocatorios mediante tribunales penales y electorales cómplices, y la gestión de la cosa pública a espaldas de la Asamblea Nacional legítima.

El discurso que retarda las elecciones parte de una premisa profundamente elitista y paternalista: se difunde la idea de que la sociedad no está preparada, que el pueblo carece de madurez institucional o que un proceso competitivo desataría el caos. Bajo este paraguas, se justifica la existencia de un gobierno tutelado, de una élite pragmática que negocia cuotas de poder y recursos a espaldas de las grandes mayorías.

Como bien señalaba Juan Pablo Pérez Alfonzo al criticar los planos fantasiosos del pasado, la hiperabundancia de capital administrada sin control democrático no genera desarrollo, sino el tristemente célebre Efecto Venezuela: la desconexión directa entre los males nacionales y la riqueza petrolera despilfarrada al margen del esfuerzo de los ciudadanos. Y esa desconexión es hoy más evidente que nunca: los ingresos petroleros no se han reflejado en ninguna mejoría de las condiciones de vida. Los cortes de luz siguen siendo la norma, el agua es un lujo intermitente, y la emisión monetaria descontrolada devalúa cada vez más la moneda local, transfiriéndose a la inflación interna con un factor mayor a 1,4. Cada bolívar que el Banco Central de Venezuela emite se traduce en un aumento desproporcionado de precios, condenando al ciudadano de a pie a una erosión silenciosa pero implacable de su calidad de vida.

La muralla financiera: Por qué el capital serio no invierte a ciegas

El verdadero obstáculo para la estrategia de la Casa Blanca ha surgido de los propios mercados. Mientras se presionaba por una inyección masiva de capital para activar la Fase 2, las grandes corporaciones energéticas adoptaron una postura de extrema cautela. La declaración del CEO de ExxonMobil, Darren Woods, al afirmar que las condiciones actuales hacen que el país sea «no invertible», no es una reticencia caprichosa, sino una rigurosa evaluación de riesgo/costo/beneficio.

Existe un abismo insalvable entre el compadrazgo de acuerdos como el de NABEP y la racionalidad del capital institucional. Las juntas directivas de las multinacionales operan con la fría memoria de las expropiaciones arbitrarias de 2007 y los arbitrajes impagos. Saben que la reconstrucción del sistema eléctrico, las refinerías y la infraestructura de la Faja del Orinoco requiere entre 50.000 y 100.000 millones de dólares en un horizonte de una década. Con un costo operativo del crudo extrapesado cercano a los 30 dólares por barril, y márgenes estrechos frente a precios internacionales moderados, ningún fondo de inversión compromete capital masivo en un entorno carente de leyes orgánicas estables.

Operar bajo un gobierno interino o tutelado, cuyos decretos carecen de ratificación parlamentaria, expone a las corporaciones a un futuro de litigios masivos y demandas por inconstitucionalidad. Las transnacionales no invierten sobre la base de «licencias ejecutivas temporales» sujetas a los vaivenes políticos de Washington; exigen marcos legales sólidos, algo imposible de garantizar en un entorno de arbitrariedad judicial y fuga masiva de talento humano, agravada por el éxodo de más de ocho millones de venezolanos.

La Fase 3 como insumo ineludible

Es aquí donde la secuencia lineal de Washington entra en contradicción con las leyes de la economía institucional. La restitución de la soberanía popular mediante elecciones libres, transparentes y competitivas no es el dividendo final de la obra; es la garantía hipotecaria que permite levantar el primer cimiento financiero.

En primer lugar, instituciones como el FMI y el Banco Mundial tienen prohibido estatutariamente otorgar rescates masivos a gobiernos de facto o regímenes cuya legitimidad esté cuestionada. Sin elecciones libres, el grifo del crédito multilateral permanece herméticamente cerrado. En segundo lugar, el desmantelamiento definitivo de sanciones como la Ley VERDAD de 2019 (iniciativa bipartidista del Senado de USA) exige la certificación irrestricta de requisitos democráticos: observación internacional, liberación de presos políticos y restitución de la independencia en el TSJ y el CNE. Finalmente, únicamente un gobierno plenamente legitimado por el voto popular tiene la capacidad jurídica internacional para renegociar la gigantesca deuda externa y ofrecer contratos de concesión a largo plazo que sean inatacables en los tribunales del mundo.

Conclusión: El orden de los factores

La ineficacia del modelo tutelado ha provocado una reconfiguración del tablero. La tensión entre la legitimidad social, representada por figuras como María Corina Machado (Premio Nobel de la Paz 2025) y Edmundo González Urrutia (presidente electo el 28 de julio de 2024), y las mesas operativas de negociación expone una divergencia estratégica clara: no habrá confianza económica sin el restablecimiento previo de la voluntad popular.

La narrativa que pretende justificar la postergación de las elecciones bajo el ropaje de un pragmatismo económico ha fracasado tanto en la teoría como en la práctica. Entregar el 20% de las reservas a compadres del régimen, bajo el pretexto de una "estabilización", no es más que la perpetuación del saqueo con un nuevo ropaje internacional. Mientras tanto, los venezolanos siguen viviendo en un país donde los cortes de luz duran siete horas, donde el agua falla cuando llueve, donde la inflación devora cada bolívar que se emite, y donde un terremoto deja a miles sin hogar mientras el gobierno interino impide que llegue la ayuda internacional.

La conmutatividad matemática no se aplica en la ingeniería política. Pretender construir prosperidad sobre los cimientos podridos de la arbitrariedad, la demofobia y la supresión de la soberanía popular es edificar sobre arena. Comprender que «la tercera fase debe ser la primera» no es un capricho ideológico, sino una exigencia de racionalidad económica e institucional. Hasta que los tomadores de decisiones en Washington y los actores políticos comprendan que la democracia no es el final del camino, sino su punto de partida, la transición venezolana seguirá atrapada en el espejo retrovisor de una estabilización que nunca llegará.