El 28 de agosto Trump anunció lo que llamó "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial": un pacto que otorga a EE. UU.

el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, mediante concesiones a 100 años otorgadas a la empresa NABEP sobre 17 campos petroleros. Al día siguiente, Delcy Rodríguez lo calificó de "histórico" y aseguró que Venezuela "conserva la propiedad y la soberanía" sobre sus recursos. En cuestión de horas, el país se dividió entre quienes hablaban de una oportunidad irrepetible y quienes, desde calles opuestas (no sin razón), calificaban la transacción de temerario entreguismo. ¡Ah! La soberanía desfiló también como divisa que antes algunos sacrificaron sin mayor escozor, y que esta vez agitaron con llamativa vehemencia.

En medio del ruido y la opacidad informativa, el debate público venezolano ha vuelto a plantear las preguntas erróneas: cuánto más está dispuesto a hacer Washington por el país, cuánta presión ejercerá, cuándo llegarán las elecciones, qué tan generoso será el próximo tramo de licencias de OFAC. Son apuros quizás comprensibles luego de ocho meses en los que EE.UU. ha operado, sin disimulo, como el actor con mayor poder de decisión sobre el destino inmediato de Venezuela. Tras la instalación de la mesa de negociación, la dosis de realidad ha sido particularmente intensa, de hecho: según opinaba un dirigente opositor para un reportaje de El País, “no sólo el chavismo está tutelado. Ha sido muy duro comprobar en carne propia que nosotros también lo estamos, que nos están imponiendo decisiones”.

¿Hacia dónde debe apuntar entonces la discusión? En momento que hace equilibrios entre la posibilidad de una democratización genuina o la reconfiguración de un autoritarismo con nuevo patrocinador, diríamos que lo útil será discernir que hará la oposición con las discretas aperturas que se han concretado hasta ahora. Más que preguntarse qué entregará Washington, importa saber qué se construirá desde Caracas. Pese a los recelos que genera la situación, parece seguir abierta una ventana real; sin embargo, ninguna teoría seria anticipa que una transición pueda consolidarse por sustitución, con un actor externo haciendo el trabajo que corresponde a los actores domésticos. Siempre que no se lesionen los intereses nacionales del “gendarme” del hemisferio -el realismo de la geopolítica actual es implacable, y el involucramiento de la empresa de Betancourt en el acuerdo lo certifica- la compleja relación con Washington puede seguir generando oportunidades, pero ello exige que el liderazgo local pueda caminar sin muletas. Preocupa, eso sí, ver que cada vez este parece tener menos incentivos propios para intentarlo.

Cabe recordar que autores como O'Donnell y Schmitter (1986) describen estos procesos como un juego en dos tableros simultáneos. Dentro del gobierno, entre "duros" y "blandos"; dentro de la oposición, entre moderados dispuestos a pactar y radicales que exigen ruptura. La transición avanza cuando surgen pactos entre blandos del régimen y moderados de la oposición capaces de ofrecerse garantías mutuas. Pero lo que ese modelo no contempla con misma claridad es qué ocurre cuando un tercero externo no solo observa, sino que diseña la mesa, define sus fases y controla buena parte de los recursos en disputa. Ese “game changer” es, precisamente, el rasgo distintivo y el mayor riesgo en el caso venezolano.

En su tipología de la tercera ola democratizadora, Huntington (1991) distinguía por su parte tres rutas: la transformación (el propio régimen lidera la apertura), el reemplazo (la oposición o un shock externo desplaza al régimen) y la transposición o transplacement (gobierno y oposición negocian conjuntamente el tránsito). Hay que admitir que la Venezuela de 2026 no encaja limpiamente en ninguna de esas categorías. El mismo Huntington advertía que las rutas híbridas, sin actores domésticos que fijen el rumbo, tienden a ser las más inestables y susceptibles de revertirse o estancarse en un nuevo equilibrio autoritario. La ausencia de una fuerza opositora sin agencia propia no es poca cosa, en fin; se trata precisamente de la condición que más debería inquietar a quienes desean que el proceso desemboque eventualmente en elecciones competitivas y no en una reconfiguración cosmética del poder.

Queda claro que una democracia no se consolida sólo con la salida de un autócrata. Eso ocurre cuando una sociedad civil activa, una sociedad política capaz de competir por el poder, un Estado de derecho, una burocracia estatal aprovechable y una sociedad económica con reglas previsibles funcionan de manera entrelazada (Linz y Stepan, 1996). Esa sociedad política -partidos, coaliciones, liderazgo capaz de gobernar, no solo de resistir- depende casi por completo de actores domésticos, ningún gobierno extranjero puede construirla por sustitución. Puede financiarla, entrenarla, presionar por su reconocimiento, pero no ser ni actuar por ella.

El vínculo entre presión externa y cambio doméstico remite a su vez al marco del "linkage", la vinculación; y "leverage", el apalancamiento (Levitsky y Way, 2010). Ese apalancamiento -la presión financiera y diplomática- solo produce democratización si se combina con organización doméstica capaz de capitalizarlo, y cuando los intereses del actor externo están genuinamente alineados con el objetivo democratizador. Cuando esos intereses son mixtos o compiten con la meta democrática, el impulso tiende a diluirse en acuerdos de estabilidad antes que de democratización. Entender en nuestro caso el alcance de los acuerdos energéticos, pues, no solo implica una cuestión de principios, sino de incentivos verificables.

Ante las escaras que deja el rentismo en el moldeado de instituciones patrimonialistas, poco transparentes y dependientes de la distribución discrecional de los recursos, no es casual por tanto que Delcy Rodríguez haya justificado el acuerdo petrolero casi con mismas palabras que justificaron la apertura de los 90: hace falta "inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva" para convertir la riqueza en bienestar. Pero hay que advertir que el patrón del Estado depredador no desaparece sólo gracias a la entrada de capital extranjero. Los países que sí lo lograron apostaron a la construcción de instituciones fiscales inclusivas y de una élite política dispuesta a rendir cuentas por el uso de la renta. De nuevo, una tarea doméstica.

Lo que siguió al 3E ilustra bien esa brecha entre apalancamiento externo y agencia doméstica. El mensaje de Washington, siete semanas después, ya era inequívoco: EE.UU. trataría con quien tuviera control efectivo del aparato del Estado, no necesariamente con quien tuviera el mandato de las urnas. La señal más clara de esa orientación es que Washington apela a Rodríguez como su interlocutora principal, no a la PUD ni a Machado, una decisión que el propio Rubio justificó con una descripción cruda, incómoda, pero no inexacta:  la "falta de poder real en el terreno” de la oposición, un actor sin alcance fáctico, autonomía o influjo.

El acuerdo petrolero -fruto político de la tutela estadounidense, inserto tanto en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos como de la “doctrina Donroe”- aterriza sobre ese terreno fracturado. En atención a un resultado que Washington ya declara exitoso, despunta el riesgo que podía adivinarse desde antes del 3E. Al estrechar lazos económicos y estabilizar el statu quo, EE.UU. reduce sus propios incentivos para seguir presionando por una transición real. El acuerdo profundiza esa ambigüedad: ofrece legitimidad internacional de facto y flujo de caja futuro al gobierno encargado sin haber resuelto las condiciones institucionales básicas para unas elecciones competitivas. Sin embargo, nada de eso implica que la apertura sea irrelevante o que deba rechazarse; eso sería una lectura simplista del asunto. De nuevo, ningún actor externo, por poderoso que sea, puede sustituir la función que solo la sociedad política doméstica está en condiciones de asumir.

Donde esa sustitución se ha ensayado de todos modos, los resultados históricos han sido ilustrativos. La invasión estadounidense de Panamá en 1989 depuso a Manuel Noriega, por ejemplo, pero fue la capacidad (limitada, cuestionada, pero real) de la política local organizada en torno a Guillermo Endara la que terminó sosteniendo la reconstrucción institucional posterior. En Irak (2003) y Libia (2011), la remoción externa del autócrata sin una fuerza doméstica capaz de llenar el vacío de poder produjo años de fragmentación. En Polonia, el apoyo occidental fue real, incluso decisivo en el plano económico, pero la arquitectura política de la transición la construyeron polacos negociando con polacos. La Mesa Redonda de 1989 fue, ante todo, un pacto doméstico. En ese caso el actor externo acompañó, no diseñó la mesa, no fijó unilateralmente sus fases, no fue el interlocutor preferido por encima de la oposición organizada.

¿Qué pide el complicado interín venezolano? No estaría de más alguna orientación práctica que nos ahorre volver a la agotada acusación de que "el chavismo gana tiempo" mientras las oposiciones discuten consigo mismas en suerte de habitación cerrada. Resolver esa tensión de manera pública y verificable, no sólo con comunicados de buenas intenciones, es labor que no puede subcontratarse a Washington. Lo otro es la exigencia activa de transparencia sobre el propio acuerdo petrolero y el uso de la renta que genera. La sociedad venezolana tiene la obligación de exigir, con el mismo ahínco con que se demanda la apertura en otros ámbitos, que se conozcan los términos y beneficios concretos del pacto, el destino de los fondos de depósito, el cronograma real de inversión. Finalmente, pero no menos crucial, es la conexión territorial con las urgencias inmediatas de la población. Para ello es vital contar con un proyecto propio, empático y con sentido de nación, no puramente reactivo o cortoplacista. La oposición quizás ha demostrado terquedad en materia de supervivencia, pero sigue sin exhibir una iniciativa que no dependa del calendario, del humor o los intereses de la administración extranjera y el mesías de turno. Esa es, en última instancia, la prueba de fuego que la circunstancia le plantea.

@Mibelis