Venezuela atraviesa un momento político difícil de definir.

Desde enero se han producido movimientos, acuerdos y reacomodos que parecen anunciar el comienzo de una nueva etapa, mientras el gobierno de Estados Unidos cumple un papel determinante como garante y articulador del proceso. Sin embargo, conviene no confundir estos cambios con el inicio de una transición democrática. El país tiene hoy un gobierno interino cuya principal tarea debería ser conducir una etapa excepcional hacia la recuperación institucional y, finalmente, hacia unas elecciones que permitan a los venezolanos decidir y otorgar legitimidad a quienes asuman la conducción del Estado. Lo que parece estar ocurriendo, por ahora, se asemeja más a una estabilización política y económica que a una transición propiamente dicha.

Los textos y autores consultados, que nos ofrecen una referencia clara para este análisis, ayudan a comprender que las transiciones no ocurren simplemente porque cambien algunos actores o porque comiencen negociaciones. Requieren modificar progresivamente las reglas del poder y crear condiciones para que una nueva institucionalidad pueda sostenerse. Desde esa perspectiva, Venezuela parece encontrarse todavía en una etapa de reacomodo. Se intenta ordenar la economía, recuperar la industria petrolera, reconstruir las capacidades del Estado y reducir los factores de inestabilidad. Todo ello puede ser necesario, pero todavía falta lo esencial: definir cómo esa estabilización conducirá a una democracia legitimada por el voto. El riesgo radica en que la necesidad de poner orden termine ocupando el lugar que corresponde a la construcción de una nueva institucionalidad.

En este escenario, el petróleo vuelve a situarse en el centro de la política venezolana. Conviene no olvidar el hito que representó su nacionalización: más allá de los errores posteriores en la gestión de la industria, aquella decisión permitió que Venezuela asumiera directamente el control de su principal recurso y destinara una parte sustancial de la renta petrolera a financiar carreteras, hospitales, escuelas, servicios públicos y programas de desarrollo. El petróleo se consolidó así no solo como una fuente de ingresos, sino también como un instrumento de soberanía. Hoy la realidad es distinta. El país requiere capital, tecnología y empresas capaces de reactivar una industria profundamente deteriorada, por lo que la participación extranjera resulta indispensable. Sin embargo, esto no debería implicar la renuncia del Estado venezolano a decidir sobre sus propios recursos. La inversión extranjera puede ser necesaria; la pérdida de soberanía, no.

Es aquí donde la participación estadounidense adquiere un peso que trasciende la política venezolana. Estados Unidos persigue sus propios intereses: seguridad energética, influencia regional y la consolidación de su posición estratégica frente a otras potencias que en los últimos años han extendido su presencia en Venezuela. Las enormes reservas petroleras del país tornan esos intereses aún más determinantes. Nada de esto resulta extraño en la política internacional; el problema surge cuando la agenda geopolítica absorbe prácticamente todo el espacio y desplaza las necesidades sociales de los venezolanos a un segundo plano. Se puede recuperar la producción petrolera y atraer inversiones, pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿cómo se traducirá esa recuperación en la vida cotidiana de la gente? Una transición no puede medirse únicamente por los barriles producidos, los capitales invertidos o los acuerdos firmados.

La incertidumbre se acentúa cuando decisiones de tal trascendencia no resultan suficientemente explicadas. El convenio energético que se negocia entre el gobierno interino venezolano y Estados Unidos tiene implicaciones que podrían proyectarse durante muchos años; sin embargo, la sociedad aún no conoce con claridad sus verdaderos alcances. En un país habituado a la opacidad y a la desinformación, esta falta de transparencia genera serias consecuencias políticas. La ausencia de información alimenta las especulaciones, mientras que la falta de certezas frente a altas expectativas incrementa la frustración. Esto resulta especialmente delicado en una sociedad que lleva años anhelando un cambio. El ciudadano escucha hablar de petróleo, inversiones, recuperación y acuerdos internacionales, pero requiere saber algo mucho más concreto: qué significa todo eso para su cotidianidad y qué lugar ocupa dentro de las decisiones que se están tomando en su nombre.

Por ello, el momento actual exige ser observado con pragmático realismo. La estabilización puede ser necesaria, e incluso indispensable, pero no puede convertirse en el destino final del proceso venezolano. El gobierno interino debe comprender que su legitimidad es temporal y que su responsabilidad histórica consiste en conducir al país hacia una institucionalidad democrática que recobre en el voto su fuente fundamental de validación. Estados Unidos puede actuar como tutor, garante o facilitador durante esta etapa, pero no puede reemplazar indefinidamente la voluntad de los venezolanos. El petróleo puede financiar la reconstrucción, pero jamás sustituir la democracia. La verdadera transición comenzará cuando los acuerdos económicos y los reacomodos políticos den paso a una elección libre, transparente y legítima, en la que la ciudadanía recupere no solo el derecho a elegir a sus gobernantes, sino también la capacidad de decidir qué país desea construir y cómo deben administrarse sus recursos.

IG, X: @freddyamarcano