Historiadores, constitucionalistas y afines tienen y tendrán motivos sobrados para estudiar el inédito fenómeno del parlamentarismo venezolano en el presente siglo,

luego de la irresponsable demolición política e institucional que se hizo del Congreso de la República. Cualquier observador con los más elementales criterios científicos y también ciudadanos podrá apreciar las altas cotas de improvisación del socialismo de la centuria que, además, infló el artificio de un poder popular concebido según los intereses de Miraflores.

Una breve relación apunta a la Asamblea Nacional electa en 2000, después del apogeo de una constituyente de mayoría insincera lograda de nuevo a favor del oficialismo mediante la fórmula electoral de las “morochas”. Veníamos de una profunda tradición parlamentaria que hizo presencia inevitable en la estrenada unicameralidad, pero debió soportar las arbitrariedades de un gobierno que siguió aterrorizando con sus huestes, por entonces “círculos bolivarianos” y “guerreros de la Vega”, toda disidencia y oposición, atravesando los acontecimientos de 2002 que arrojaron el informe caprichoso de una dizque Comisión de la Verdad sobre los sucesos de abril.

Por lo demás, renunciando de antemano a sus atribuciones más acusadas, la mayoría oficialista comenzó la costumbre después muy arraigada de aprobar leyes habilitantes, sin que ninguna emergencia lo justificase, conduciendo a una absurda dislocación institucional que ha pasado su factura ya por dos décadas. La oposición no asistió a las elecciones parlamentarias de 2005, por lo que el dominio gubernamental fue total: siquitrilló toda tradición parlamentaria y produjo una enorme lesión republicana en una población que perdió incluso la noción misma del Parlamento, confundiéndolo con el espectáculo casi a diario de Hugo Chávez en las cadenas radiotelevisivas junto a sus ministros.

Otra vez, en 2010, aplicando las maniobras electorales del caso, a pesar de ganar la oposición con poca diferencia la votación popular, el socialismo se alzó con una mayoría simple en el período más aterrador de todo el historial parlamentario venezolano, aún por encima del siguiente, cuando perdió la sede física. La oposición, sin embargo, no se dejó amilanar y con mucho coraje resistió los embates, la violencia y los abusos de esa mayoría in situ, sin huir de las curules y afrontando todas y cada una de las circunstancias.

Baste recordar la habilitante-exprés, los recurrentes ataques violentos y salvajes contra los opositores al entrar y salir de las cámaras, el manejo discrecional del Reglamento de Interior y Debates, las golpizas en varias sesiones que produjeron diputados malheridos dentro del hemiciclo, así como el allanamiento y la destitución “administrativa” de parlamentarios opositores y la aprobación de leyes destinadas a criminalizar la disidencia. A nuestro juicio, aunque la etapa entre 2010 y 2016 comportó un mayor riesgo cotidiano para la integridad física de los integrantes de la oposición, la dislocación socialista adquirió toda su franqueza con el resultado electoral de 2015 hasta consumarse la trampa en 2020.

De manera evidente y contundentemente ganadora la oposición en los comicios de 2015, sobrevinieron hechos indecibles en nuestra historia republicana, como la invención de un tal desacato del Parlamento y la constituyente fraudulenta de 2017, que no hizo ninguna otra Carta Magna pero dictó leyes a su leal antojo y “allanó” arbitrariamente la inmunidad de diputados. Luego vinieron el asalto y secuestro en  el Palacio Legislativo en julio de 2017, también con lesiones propinadas al garete a los diputados, el asalto de enero de 2020 para imponer una directiva igualmente a realazos y las sesiones de la legítima Asamblea Nacional en espacios públicos y privados diferentes de su sede natural.

Reincide el fraude oficialista en las elecciones de 2020 y la denominada AN del 2015 extiende su mandato por un lapso razonable, producidos los comicios que configuraron luego, bajo el control gubernamental, la AN de 2025. Así, una institución constitucionalmente destinada a expresar la representación nacional terminó convertida en el escenario de una disputa prolongada acerca de la legitimidad, la inmunidad, la sede, la elección y hasta la existencia misma del Parlamento.

Ahora asistimos a otro fenómeno sin precedentes: la constitución de una mesa de diálogo bajo tutelaje estadounidense, en la que se sienta una representación de la AN de 2015 y otra de la AN de 2025, con un mutuo reconocimiento de acuerdo la probable salida realista a una crisis demasiado prolongada. Valga acotar que dicha crisis comenzó a cuajar desde principios de 2001 en todos los sentidos, reventando con la derrota del chavismo en la consabida reforma constitucional, expandida y agudizada con el desastre humanitario y la más abierta represión de la última década.

En los dos siglos anteriores, con todos los percances que sufrió la institución parlamentaria en Venezuela, jamás había ocurrido algo semejante, ni siquiera bajo los más atroces regímenes de fuerza. La paradoja acaso consista en que, después de haber sido sistemáticamente demolido, desconocido y perseguido, el Parlamento vuelva ahora a aparecer como una referencia inevitable para cualquier entendimiento sobre la salida de la crisis nacional.