No. No es increíble. Nuestros cuerpos policiales no han cambiado nada con respecto a los existentes antes de 1999. La arbitrariedad en su trato con los ciudadanos, la violencia ilícita que aplican, el llamado “matraqueo” contra la población y la comisión de hechos delictivos, están presentes

y en una intensidad alarmante, que se suma a la inseguridad personal causada por la delincuencia común y por ese sector social de los motorizados, quienes gozan de absoluta impunidad para hacer lo que les venga en gana en calles, avenidas y autopistas venezolanas. Y, por favor, no me digan ni me listen todos los esfuerzos realizados en la materia, pues los mismos no han servido para nada demostrando la evidente inefectividad de las acciones gubernamentales asumidas.

Tampoco acepto el argumento sobre unos ex-policías ya sentenciados por los tribunales, ni de que es muy difícil corregir en tan poco tiempo los males existentes por muchos años en el país. Me recuerdan las excusas de los gobiernos adecos y copeyanos en relación con situaciones idénticas.

Eso de nada les sirve a quienes diariamente pierden familiares en manos del hampa, a los cientos de conciudadanos que son robados, atracados y agredidos en nuestras ciudades, ni a quienes, como Mairim Delgado, joven estudiante de la UCV, supuestamente secuestrada por la DISIP, junto con sus acompañantes, a plena luz del día, en la Avenida Victoria, incomunicada durante 8 días, aparentemente torturada en forma aberrante y trasladada a la cárcel de mujeres de Los Teques, luego de permanecer detenida  18 días en el Helicoide, violentando las leyes que ordenan la mediata presentación ante los tribunales competentes.

Para colmo, la estudiante es del PSUV, lo que ha hecho que ciertos medios progubernamentales hayan mantenido una actitud consecuente, por la credibilidad que genera que la denuncia venga de personas afectas al gobierno. No se trata de una manipulación politiquera de la oposición,  sino de una acusación efectuada por gente que no tendría ningún interés en hacerla si no se hubiera producido. Si el hecho le hubiera ocurrido a una joven opositora, muchos revolucionarios dudarían de sus aseveraciones, pues le asignarían una connotación política a las denuncias, y otros incluso  justificarían las acciones vandálicas de los funcionarios involucrados, los cuales deben tener severos problemas mentales o de naturaleza sociopática.

¿Y las responsabilidades? De los aberrados y de sus jefes inmediatos y mediatos: el Director de la DISIP entre ellos. No se debe permitir que este caso quede impune, ni conformarnos con la actitud de la Fiscal General quien niega totalmente lo sucedido, pero deja muchas interrogantes.