Existe una política de Estado orientada a criminalizar la protesta social. El régimen militar del Tte. Coronel ha puesto en marcha una represión implacable, sin mascaras, ni subterfugios, sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales que de una u otra forma expresan su descontento ante los desaciertos de su Gobierno. Mediante el uso del castigo, de la represión, del encarcelamiento y hasta de la muerte en algunos casos, el régimen pretende aplastar y eliminar cualquier tipo de disidencia política rotulada como el “enemigo interno”.

Esta nefasta política ha sido respaldada por los eunucos integrantes de la Asamblea Nacional, y por los gendarmes femeninos sin uniforme del régimen Luisa Ortega Díaz (inquisidora de Miraflores) y Gabriela Ramírez (alcahueta del Tte. coronel). Luisa Ortega Díaz ha asegurado que las protestas sociales buscan desestabilizar al régimen y que quienes participen en ellas podrías incurrir en el delito de rebelión civil, sancionado con penas de 8 a 12 años. Nuestro Harry Haffner (Fiscal General de la Alemania Nazi), pero con faldas, promueve un discurso jurídico inspirado en la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual la “seguridad del Estado”, es más importante que los derechos socio-económicos y políticos de los ciudadanos. Por su parte, Gabriela Ramírez advirtió que no defenderá a las personas que "en una manifestación pretendan generar violencia y atenten contra la propia democracia", cuando todos sabemos que son los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y las pandillas de seguidores del oficialismo los grandes generadores de violencia en las calles. El régimen y su genuflexión amanuenses han prohibido el derecho a manifestar, a protestar, se ha producido una suspensión de las garantías constitucionales por la vía de hecho. Lo irónico es que estas funcionarias lejos de pronunciarse en contra de esta barbarie militar, la apoyan, la aplauden, y paradójicamente exigen la continuación de estas medidas fascistas. Una vez más ha quedado demostrado que los representantes de los poderes del Estado se han convertido en instrumentos de la represión oficial, confirmando lo cínico y falaz que resulta en la praxis la supuesta separación de poderes que el régimen dice existe en la República.

La burguesía bolivariana y su proyecto socialfascista ha decidido quitarse definitivamente la máscara apelando a una represión policíaco-militar, al desconocimiento de los Derechos Humanos, y políticos de los venezolanos con el propósito de acallar a los trabajadores, a los habitantes de los barrios populares, a los estudiantes y al pueblo en general, en sus justas luchas por sus reivindicaciones sociales, económicas, y políticas. Reprime a los trabajadores, quienes protestan por el alto costo de la vida, por la inflación galopante que medra sus míseros salarios y por la negativa del Gobierno a discutir sus contrataciones colectivas. Además, protestan en contra de los “sindicatos” controlados por el Estado, que no defienden sus intereses, sino que sirven para mantenerlos reprimidos bajo el control del Estado patronal. Reprime a quienes reclaman viviendas dignas, mejores hospitales y escuelas, mayor seguridad ciudadana, mejores servicios de transporte colectivo, de agua potable y de electricidad. Oprime a quienes protestan por la nueva Ley Orgánica de Educación, y por el control que pretende establecer sobre los medios de comunicación radioeléctricos, escritos y televisivos. Atropella a los estudiantes y profesores que luchan por un presupuesto justo y por la autonomía de las Universidades nacionales.

El régimen busca destruir toda forma de participación popular mediante la represión o la penalización de la protesta social. La imposición del miedo, y del terror militar, nunca han sido, ni serán acciones revolucionarias, y mucho menos socialistas.
Comentario Final: La decisión del juez chileno Víctor Montiglio de someter a la justicia a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Chile, por violaciones de los Derechos Humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, es una excelente noticia no sólo para chilenos, sino también para los venezolanos. Los esbirros de los cuerpos de seguridad y los miembros de la FAN que reprimen a las protestas sociales utilizando perdigones y gases de los buenos, deben verse en ese espejo: la justicia tarda pero llega, como reza el dicho popular.

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(*): Académico venezolano activo en la Universidad de Harvard.