El  Gobierno quiere una campaña electoral marcada por la camorra, y por eso su lenguaje pretende retrotraernos a los momentos de mayor polarización y confrontación política que se vivieron a comienzos de este siglo, y que ciertamente forman parte del aprendizaje de una oposición unida pero diversa, que transita el camino de la participación democrática sin detenerse en fantasmas del pasado ni en provocaciones del presente.

La película que el Gobierno está contando sobre la oposición es su propia realidad. Dirían los especialistas en materia conductual que se está proyectando en los demás.

Acusa a la oposición de estimular la violencia y militantes del PSUV atacaron impunemente la movilización que Henrique Capriles encabezaba en Cotiza, e incluso agredieron a la periodista Sasha Ackermann, le quitaron la cámara al equipo de prensa de Globovisión y luego montaron una enorme "magefesa" para atribuir a Richard Mardo una supuesta golpiza a una periodista de un medio oficial. Dicen los voceros pesuvistas que la oposición está evaluando sustituir a Capriles como candidato cuando los principales dirigentes rojos rojitos andan "pescueceando" a ver quién acumula más puntos como eventual sucesor del Presidente, en caso de que éste, por su situación de salud, no pueda ser candidato.

Otro ejemplo de cómo andan las cosas en Venezuela es la actitud de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Se escandalizan cuando surgen denuncias sobre contaminación de las aguas en varios estados del país y por eso imponen de hecho la censura previa al exigir la presentación de informes técnicos que acompañen la difusión de situaciones como las que se han presentado en Monagas y Carabobo.

Pero nada dicen, ni siquiera en forma de susurro, sobre las afirmaciones del propio presidente Hugo Chávez en torno a un supuesto atentado contra Capriles, del cual, hasta ahora, no se conocen pruebas o siquiera elementos que le den veracidad a esa denuncia. Entonces el Presidente, que debería ser el primero en cumplir con lo que se les exige a los comunes mortales de este país, anuncia supuestos atentados, denuncia conspiraciones que huelen a bisutería electoral y no pasa nada. No hay fiscalía o tribunal que exija pruebas. La sola acusación sobre una presunta conspiración es suficiente para que de ahí en adelante se incremente el lenguaje agresivo del PSUV, su candidato y sus dirigentes contra Capriles y se pretenda criminalizar, incluso, a quienes apoyen con mucho o con poco su candidatura.

Ese tipo de maniobras busca, sin duda, enrarecer el ambiente para estimular en las filas rojas rojitas la recuperación de su quebradiza unidad, amenazada por la sorda lucha entre los delfines colorados e, incluso, atraer nuevamente con argumentos de laboratorio comunicacional a quienes se han alejado por el incumplimiento reiterado de las promesas formuladas una y otra vez.

Pero también buscan sembrar el miedo en la población que ya acompaña a Capriles y generar la convicción de que el Gobierno hará uso de su poder sin más límites que el de su imaginación. Incluso contra quienes se les rebelen en sus propias filas, como está pasando con el "Gato" Briceño en Monagas.

Mientras está en marcha otra película del miedo, Capriles sigue recorriendo el país, sin pisar conchas de mango ni conchas de bala, más metido que nunca en la campaña electoral y poco dispuesto a distraer su atención de la verdadera confrontación que se dará el 7 de octubre, entre un presente que ya huele a pasado, y que sólo ofrece miedo, división y autoritarismo, y el progresismo, es decir, cambio con justicia social, con diversidad y con la Constitución en la mano.

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