"Diga payaso que yo suelto la risa" parece ser el eslogan de la fiscal Luisa Ortega Díaz cada vez que el teniente coronel Chávez piensa, insinúa, opina o claramente ordena que debe tomarse una medida judicial en tal o cual dirección. "Apenas usted diga Carnaval yo tiro papelillos" parece ser el lema de la fiscal Ortega Díaz ante cualquier deseo del presidente Chávez que involucre al Ministerio Público, siempre, claro, que su antojo esté relacionado con alguna medida en contra de algún individuo o institución que no comulgue con el ideario excluyente del socialismo del siglo XXI. Prueba en contrario, Chávez la mandó a meter preso al líder del colectivo La Piedrita y la fiscal miró para el techo.

No abrumaré al amable lector con conocidos ejemplos, extravagantes atentados al decoro jurídico y al mínimo respeto a la independencia y autonomía de los poderes públicos. Allí se acumulan, en la hemeroteca de la infamia que hemos de desempolvar más temprano que tarde. Tampoco voy a referirme al triste episodio de la fiscal Luisa Ortega clamando en la Asamblea Nacional por una Ley Contra Delitos Mediáticos (sic), tan bochornosa que fue rechazada por los propios de su rebaño. Cito a la señora Ortega en aquellos días de julio de 2009: "Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Pido que se ponga límite a ese derecho". Pero en menos de dos años, la jefa del Ministerio Público vuelve por sus fueros y solicita y obtiene una medida cautelar que limita las informaciones sobre el agua contaminada en algunas regiones del país.

En adelante, toda información dependerá de un informe técnico de una autoridad competente, con lo cual, instaura, de facto, la censura previa.

Los gremios profesionales de la comunicación y organismos internacionales que velan por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información han cuestionado la medida, alertando sobre el incesante "cerco rojo" a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos: denuncian la medida como expresión de la perversa concepción gubernamental de la hegemonía comunicacional.

Sin embargo, quiero poner de relieve otro impacto de igual o mayor gravedad de esta descocada medida cautelar, que no ha sido suficientemente destacado y que atenta contra un pilar esencial de la democracia participativa como lo es la contraloría ciudadana, la fundamental valoración de un papel activo de la población en las cuestiones públicas, de particular relevancia en cuestiones ambientales.

Una referencia histórica es insoslayable en esta materia: el reconocimiento a la importancia de la participación ciudadana fue valorado y legitimado en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscrita por más de cien jefes de Estado y de Gobierno, la cual en su principio 10 establece que "... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda... En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos".

Los Estados, señora fiscal, y en el caso venezolano usted debería ser un pilar esencial, "deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos". No es imponiendo cortapisas al libre flujo de la información, no es con medidas judiciales que inhiben y criminalizan la contraloría ciudadana. El teniente coronel Chávez vive enarbolando la Constitución a cada rato como un mago saca el conejo de la chistera pero por lo visto como mero ejemplar de utilería que los representantes de los poderes públicos ignoran y violentan sin recato. Me permito recordar, nuevamente, señora fiscal Ortega, el artículo 62 de la carta magna: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.

Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar las condiciones más favorables para su práctica". 

@olucien

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