La decisión de un Juez de Control a solicitud la Fiscal General de la República, quien a su vez la recibió del presidente Chávez, de prohibirle a los medios de comunicación social publicar informaciones, sin pruebas científicas, sobre la contaminación del agua en varias ciudades del país, no sólo es ilegal porque viola la Constitución Nacional Bolivariana, sino absolutamente ineficiente porque los medios tienen y leyeron documentos oficiales, en los que varios técnicos que trabajan para la Administración Pública, después de examinar dichas aguas llegaron a la conclusión de que efectivamente están contaminadas, unas por aguas negras o servidas y otras por petróleo, y por diferentes químicos que le caen a algunas represas que surten ese líquido a ciudades como Valencia, Maracay e incluso Caracas

La decisión judicial parece responder a un interés político del Gobierno para tapar uno de los graves problemas que le han explotado en las manos, por falta de mantenimiento y por no consultar los informes que sus propios técnicos han emitido de manera continua y por años. Los verdaderos responsables de este disparate de establecer la censura previa prohibida en la Carta Magna, son sin lugar a dudas los ministros del Ambiente y Petróleo, porque ellos si deberían conocer los informes de los técnicos de sus respectivos Despachos, pero para no aparecer como los culpables de lo que está pasando en las represas existentes, construidas hace varias décadas, en la llamada IV República, y que no han recibido la atención requerida y planteada en los informes técnicos de algunos de sus subalternos, no le informaron al Presidente.

Y aunque la protesta por el establecimiento de censura previa a la prensa venezolana, se ha extendido por el mundo democrático, las supuestas sanciones que deberían aplicar los tribunales al servicio del Poder Ejecutivo, no se han producido ni se podrán producir, porque ningún medio ha inventado la noticia de la contaminación de las aguas en el centro del país, al sur del Lago de Maracaibo y en el Estado Monagas, sino que, primero, se limitaron a informar lo que es del conocimiento público, denunciado por ciudadanos afectados por el peligro a contraer enfermedades, y segundo, porque la réplica de esos medios de comunicación resultó fácil y contundente, al leer y publicar, parte de los informes oficiales, es decir, levantados por funcionarios públicos, en los que registran la contaminación.