La  Convención de Viena obliga a los Estados a brindarle protección al cuerpo diplomático, al igual que a sus familiares. Pero, a pesar de ello, ni siquiera la muerte de Karen Berendique, hija del cónsul de Chile en Maracaibo, que se desplazaba en un vehiculo con una calcomanía diplomática, ha hecho que la Cancillería se responsabilice por los gravísimos incumplimientos de sus obligaciones internacionales.

La inseguridad en el país es general y lógicamente afecta también a los diplomáticos. Pero lo vergonzoso es la indiferencia de las altas autoridades que deben responder por su incapacidad de cumplir con sus compromisos internacionales. La mayoría de los diplomáticos no denuncian el drama que viven diariamente y que los obliga a blindar sus vehículos o contratar guardaespaldas para su protección, porque el Gobierno ha sido incapaz de cuidarlos. Ha sido imposible esconder algunos casos, como el secuestro del embajador de México, del cónsul de Chile en Caracas, o las denuncias que se filtraron de funcionarios internacionales del Reino Unido, Alemania, Grecia, Vietnam, Arabia Saudita y hasta Taiwán antes de cerrar su oficina de asuntos consulares y comerciales por el atropello sufrido ­por no mencionar sino algunos de los casos­.

El diputado Jorge Tarud, del Partido por la Democracia de Chile, se refirió a la muerte de Karen Berendique, en su condición de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, para exigir explicaciones: "Le hago un llamado al Gobierno de Venezuela a dar claras explicaciones a Chile de lo sucedido, porque tienen responsabilidad en el resguardo de los diplomáticos chilenos y sus familias". Otras autoridades también han manifestado su protesta.

Las declaraciones de altos funcionarios del país, de que "se aplicarán las sanciones con el peso de la ley" (que es el tipo de declaración repetida que significa que no harán nada) no es una dádiva.

El Convenio sobre la Prevención y Castigo de Personas Internacionalmente Protegidas es una exigencia que impone el Derecho Internacional Público.

No basta con castigar a los agentes policiales. Hay una responsabilidad política de quienes deben asumir su compromiso ante tan escandalosa situación, comenzando con el ministro del Interior, de quien depende el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y siguiendo con el canciller, quien debe asumir su responsabilidad.

Ante esta dolorosa situación, ha habido expresiones de preocupación, como las del candidato opositor Henrique Capriles, quien deberá asegurar en un futuro gobierno las garantías que se derivan de las convenciones de Viena tanto para las Relaciones Diplomáticas como para las Relaciones Consulares, en sus artículos 34,40, 50, para no sufrir el vejamen de no asegurarles a los diplomáticos extranjeros la inmunidad que les corresponde.